Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por unanimidad, con 34 votos a favor, se aprobó el decreto con el cual se reconoce el "derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible" dentro de la Constitución Política de Michoacán, como parte de la armonización de la reforma de noviembre de 2024.
Se obliga al Estado, municipios y gobiernos comunales a garantizar este derecho, promoviendo la justicia ambiental, la restauración de ecosistemas y la prevención, control y remediación de la contaminación (aire, agua, suelo), utilizando tecnologías de geoprocesamiento.
Se introduce el Principio de Precaución: ante la incertidumbre científica sobre un daño grave o irreversible, se aplicará este principio, recayendo la carga de la prueba sobre el promotor para demostrar la inexistencia del riesgo.
Se garantiza a los ciudadanos el derecho a la participación pública significativa y al acceso a la justicia ambiental.
En la reforma del artículo 2° de la Constitución se establece también la prohibición explícita de la crueldad y el maltrato animal, y se garantiza el cuidado, el trato digno y la protección de animales domésticos y silvestres.
Se obliga a la obtención de certificados que constaten la situación ambiental de los predios (legalidad, contaminantes, restricciones) para toda operación jurídica que implique la disposición o uso de inmuebles. Asimismo, se obliga a promover que toda obra, proyecto o actividad incorpore criterios de sustentabilidad.
El debate se centró en una reserva presentada por el priista Guillermo Valencia, quien consideró ambigüedad en el dictamen, ya que las prohibiciones de crueldad animal podrían interpretarse como la prohibición de jaripeos, incluso la interpretación de municipios en torno a sus rastros.
"Queda prohibida la crueldad y el maltrato animal en el Estado; los municipios y los gobiernos comunales garantizarán el cuidado, el trato digno y la protección de los animales domésticos y silvestres, así como la conservación de su vida e integridad conforme a la legislación aplicable. No se considerará como crueldad o maltrato animal las actividades vinculadas al consumo alimentario ni las relacionadas con tradiciones culturales."
Por su parte, Emma Rivera y Sandra Arreola Ruíz, presidentas de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, defendieron el dictamen:
"Quisiera ser clara, la restricción o el párrafo que nosotros estamos discutiendo es claro, es general, no sancionatorio por sí misma, no criminaliza automáticamente las consultas, remite expresamente a la legislación aplicable, evitando discrecionalidad, establece principios rectores en base a nuestra Constitución Federal y respeta este principio de la respuesta"respondió Arreola, diputada del PVEM
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