Hay momentos en la historia de un país en los que las alarmas no suenan de golpe, sino de manera progresiva, casi imperceptible. Primero se debilitan las instituciones, luego se desacredita a quienes piensan distinto, después se concentran las decisiones en un solo grupo y, cuando la sociedad quiere reaccionar, el régimen democrático ya ha sido sustituido por otra cosa. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez-Nicolás Maduro: no un golpe de Estado clásico, sino una demolición sistemática del sistema desde dentro.
Lo que hoy se pretende impulsar en México bajo el disfraz de una “reforma electoral” va mucho más allá de reglas, boletas o distritos. Es un proyecto de poder que apunta a cancelar, en los hechos, el régimen democrático que hemos construido durante décadas. La anulación del árbitro electoral independiente no es un tecnicismo: es el primer paso para que las elecciones dejen de ser un mecanismo real de alternancia y se conviertan en una simulación controlada desde el gobierno.
A la par, se busca llevar a la inanición a los partidos de oposición, no por la vía de la competencia política, sino mediante el estrangulamiento financiero y la estigmatización permanente. Un sistema sin oposición efectiva no es democracia, es hegemonía. Y cuando solo una voz tiene recursos, acceso a medios y presencia territorial, el pluralismo se vuelve una ficción.
En ese contexto, resulta especialmente preocupante el montaje de la estructura política del partido en el poder sobre los llamados “siervos de la nación”, operadores de programas sociales adscritos a la Secretaría del Bienestar. Lo que debería ser política pública se transforma en maquinaria electoral: beneficiarios que dependen del gobierno, servidores públicos convertidos en promotores partidistas y una frontera cada vez más difusa entre Estado y partido.
A ello se suma el creciente control de los medios de comunicación y la cancelación, abierta o velada, de la libertad de expresión. La narrativa oficial se impone a través de estigmatización, presión económica, campañas de desprestigio y uso discrecional del aparato estatal. Cuando criticar al poder se vuelve riesgoso, cuando informar se convierte en un acto de valentía, ya no hablamos de un gobierno fuerte, sino de un régimen inseguro que teme al escrutinio.
Más grave aún es la alianza perversa con grupos delincuenciales, tolerados o incluso protegidos desde el poder a cambio de control territorial, votos o financiamiento. La democracia no puede coexistir con un Estado capturado por el crimen. En Venezuela, los vínculos entre el régimen y redes ilícitas terminaron por consolidar un sistema donde la ley dejó de importar.
El financiamiento ilícito, sustentado en el saqueo del erario —desde el robo de combustibles hasta contratos opacos y programas inflados— completa el cuadro. No se trata solo de corrupción, sino de un modelo de supervivencia política: usar recursos públicos para perpetuarse en el poder, comprar lealtades y mantener una base clientelar dependiente.
Por eso el nombre no es exagerado: ley Maduro. Porque el camino es el mismo.
Decir “no” a esta ruta es una obligación democrática. Venezuela no cayó en una dictadura de la noche a la mañana. Cayó por reformas como esta. Y México aún está a tiempo de no repetir esa historia.
*Presidente Nacional del PRI.
BCT