Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la evolución de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, en México se han dado avances importantes como el matrimonio igualitario reconocido en todo el país, pese a la falta de legislación en Guerrero y Tamaulipas; la adopción homoparental y lesbomaternal; el reconocimiento de la identidad de género, entre otros. No obstante, en el Congreso de Michoacán, conforme se han presentado iniciativas en pro de la comunidad sexualmente diversa, estas también se han ido rezagando.
Con el inicio de una nueva legislatura en el Congreso de Michoacán, la agenda LGBT+ forma parte de algunos y algunas diputadas, quienes le han dado cauce a diversas iniciativas. Contabilizando las propuestas, se puede generar una lista de las y los legisladores que han visto por la ampliación de derechos y/o su protección de la población sexualmente diversa. Entre ellos están: Reyes Galindo Pedraza y Hugo Rangel Vargas, ambos del Partido del Trabajo (PT); Xóchitl Ruiz González (PVEM); Antonio Carreño Sosa (Movimiento Ciudadano); Eréndira Isauro y Marco Polo Aguirre (Representación Parlamentaria); y Octavio Ocampo Córdova (PRD).
El movimiento legislativo —en la 76 Legislatura— a favor de la comunidad LGBTTTIQ+ comenzó a partir de diciembre de 2024, con la propuesta de Reyes Galindo para dotar de mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Esto, en el sentido de que dicha comisión se involucre de facto en temas sobre el ejercicio y protección de las personas de la diversidad sexual, promueva una cultura de igualdad entre las personas y la no discriminación.
El 13 de diciembre también de 2024, Hugo Rangel propuso, con el respaldo del activista Gerardo Andrés Herrera Pérez, eliminar el término “preferencias sexuales”, considerado obsoleto y discriminatorio, sustituyéndolo por una redacción inclusiva que prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación basada en orientación sexual, identidad y expresión de género.
Ese mismo día, el Congreso aprobó la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. En un dictamen hecho por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Igualdad Sustantiva y Género, el Pleno de la 76 Legislatura reivindicó la igualdad sustantiva entre las personas, al prohibir constitucionalmente toda discriminación por orientación sexual. La propuesta también es autoría de Rangel Vargas.
El 16 de mayo, durante un evento simbólico en el que se colgó la bandera LGBT+ en el balcón principal del Congreso, el activista Rogelio Rubio entregó una iniciativa ciudadana a diputadas de Morena —incluyendo a la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís Sámano— en torno a eliminar como requisito indispensable la mayoría de edad en el trámite de cambio de identidad de género en las actas de nacimiento, y permitir así que niñas, niños y adolescentes accedan a este derecho sin condicionamientos médicos ni judiciales.
El 21 de mayo, Xóchitl Ruiz González, del Partido Verde, se posicionó en tribuna para presentar la reforma al Código Penal de Michoacán, para reconocer el transfeminicidio como un delito, apegándose así a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Esto significará el reconocimiento de la población trans. Actualmente, el Código —con 60 años— contempla el feminicidio, pero no establece como un tipo específico el cometido contra mujeres trans, dejando a este sector en una situación de doble vulnerabilidad.
Para junio —mes Pride— se presentaron tres propuestas: dos por Antonio Carreño (12 y 17 de junio) sobre incluir las diversidades sexuales en las prohibiciones de discriminación en el artículo primero de la Constitución michoacana, y sobre la garantía de trámites jurídicos para la identidad de género de las personas; mientras que Eréndira Isauro y Marco Polo Aguirre firmaron una iniciativa conjunta en contra de la usurpación de espacios en candidaturas correspondientes a la comunidad diversa.
Esta última toma especial relevancia en Michoacán, pues fue la entidad que más candidaturas usurpadas registró, con 40 hombres cisgénero postulados en el 2024 con una autoadscripción a la comunidad LGBT sin pertenecer a esta. De estos, fueron elegidos por voto popular ocho en elecciones de ayuntamiento, lo que significó que, además de usurpar espacios de la comunidad sexualmente diversa, no se cumplieron las tablas de paridad de género en las candidaturas.
Otra propuesta en materia de diversidad corrió a cargo de Octavio Ocampo. El pasado 18 de junio, el perredista abanderó una iniciativa del colectivo Pride Michoacán, en dirección a garantizar al menos el 2% del financiamiento público ordinario anual que reciben los partidos políticos en Michoacán, y que se destine de manera obligatoria a programas de capacitación, formación política y empoderamiento de personas de la diversidad sexual. Los recursos, explicó, deberán ser aplicados en actividades previamente registradas ante el Instituto Electoral local (IEM).
Entre los pendientes por parte del Congreso michoacano, resaltan el castigo a la usurpación y la prohibición y sanción a las terapias de conversión. El primer tema lleva ruta positiva con la presentación de la iniciativa para modificar el Código Electoral; no obstante, en Michoacán hay una deuda en la materia de las mal llamadas terapias de conversión.
En este sentido, en la 75 Legislatura se presentaron dos propuestas: una de Óscar Escobar, y otra de Reyes Galindo. Transcurrieron dos años sin que ninguna de las dos iniciativas fuera dictaminada, y una vez iniciada la 76 Legislatura, el tema aún no ha hecho eco en el Congreso de Michoacán.
A nivel nacional, el pleno del Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva —y a nivel nacional— los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidos como terapias de conversión. Estas han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales. Michoacán aún no ha homologado sus leyes locales a las federales.
RPO