Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los exgobernadores Víctor Manuel Tinoco Rubí y Jesús Reyna García criticaron la Reforma Judicial impulsada por el gobierno federal, advirtiendo que los cambios propuestos amenazan con debilitar la independencia del Poder Judicial y limitar los derechos ciudadanos, esto durante el evento “Mesa de análisis de políticas públicas para Michoacán” realizada en la Universidad Ágora Hispanoamericana la noche del pasado martes.

Tinoco Rubí calificó la reforma como “un grave error”, advirtiendo que ésta comienza desde niveles erróneos y dejando de lado los elementos locales donde, según él, se origina gran parte de la corrupción judicial. El exgobernador subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones locales antes de intervenir en el sistema federal. “Si de verdad queremos restructurar el Poder Judicial, debemos empezar desde abajo, capacitando policías, ministerios públicos y jueces locales”, expresó. Además, enfatizó que la corrupción es evidente cuando “las resoluciones se dictan en contra del derecho”. Esta estructura corrupta, según Tinoco, se sostiene por redes de influencia que benefician a ciertos intereses.

También advirtió sobre la desaparición de los contrapesos que garantizan la democracia en el país. Según él, las modificaciones recientes a la Constitución eliminan el principio de división de poderes, dejando a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad ante decisiones del Estado. “Ya no vamos a tener la Constitución que teníamos”, resaltó, señalando que esta reforma podría acabar con el federalismo y la posibilidad de defenderse mediante el juicio de amparo.

Para Tinoco Rubí, el federalismo mexicano está en peligro, y considera que la reforma busca concentrar el poder en una figura central sin contrapesos efectivos, lo que, en su opinión, podría llevar a un régimen autoritario. “Nuestro sistema está en riesgo de cambiar de régimen, y eso me preocupa”, sostuvo.

Jesús Reyna García, por su parte, aportó un punto de vista personal, recordó su propio encarcelamiento y cómo, pese a contar con amparos a su favor, el poder judicial no respetó las resoluciones. “Soy víctima de la justicia del Poder Judicial, y aún así, no apoyo la reforma”, comentó. Según Reyna, este cambio no responde a las verdaderas necesidades de la justicia y, por el contrario, centraliza aún más el poder en manos del Legislativo y el Ejecutivo, en donde existe una mayoría del partido en el poder.

Además, Reyna enfatizó el riesgo de otorgar al Poder Legislativo una supremacía sin controles. Señaló que, con las modificaciones actuales, el Poder Legislativo puede actuar sin restricciones, lo cual, en su opinión, representa una amenaza para los derechos ciudadanos. “Hoy estamos viviendo en un Estado de dos poderes”, afirmó, dejando claro que el Poder Judicial está perdiendo su capacidad de actuar como contrapeso ante las decisiones del gobierno.

Otro tema que Reyna García abordó fue la reforma al artículo 21 constitucional, que permitirá al secretario de Seguridad Pública federal asumir el control de las policías estatales. Reyna advirtió que esta modificación incrementará el poder del ejecutivo sobre las fuerzas de seguridad en todos los niveles, lo cual considera “una amenaza grave”, ya que concentraría el control de la seguridad pública en una sola entidad.

Además alertó sobre las implicaciones de la reforma judicial en el ámbito económico. Según el exgobernador, las tensiones con Estados Unidos y Canadá en torno al incumplimiento del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) podrían derivar en sanciones económicas que afectarían a México, impactando a los ciudadanos y a los exportadores nacionales. En su opinión, la reforma judicial no solo pone en riesgo los derechos individuales, sino también la estabilidad económica del país en un contexto internacional cada vez más complejo.

La intervención de ambos exgobernadores cerró con una dura reflexión sobre el estado de la democracia en México, argumentando que el país está en un punto crítico y corre el riesgo de perder su identidad federal y democrática. Reyna García concluyó que la falta de controles sobre el poder legislativo y el judicial nos acerca a un régimen donde los derechos de los ciudadanos quedarán desprotegidos, coincidiendo ambos en que el país necesita un cambio de enfoque en sus políticas públicas, uno que respete los contrapesos y que no concentre el poder en manos de unos cuantos.

RYE