Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asesinato de la familia Mujica Hernández, compuesta por Víctor Manuel, Anayeli y su hija menor de edad, ha conmocionado a la sociedad michoacana. Las tres personas, reportadas como desaparecidas el 15 de enero de 2026 en la colonia Ex Hacienda La Huerta, fueron halladas sin vida el 17 de enero, aunque la confirmación oficial de su identidad se dio hasta el 22 de enero.
La diputada Xóchitl Ruíz González, quien también preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado, lamentó profundamente el suceso, señalando que la pérdida va más allá de vidas humanas, pues se trataba de personas dedicadas a la defensa de colectivos vulnerables.
La legisladora exigió una investigación exhaustiva que contemple la especialidad del caso:
"Este caso debe analizarse con un enfoque de derechos humanos, no nada más como un asesinato más, sino con ese enfoque, porque involucra precisamente a personas que defendían los derechos humanos y porque hay una menor edad."
Ruíz González subrayó que la exigencia de justicia es para toda la ciudadanía, pues este crimen pone en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan quienes trabajan por el bienestar social sin un cargo público. La presidenta de la comisión enfatizó que la exigencia de justicia debe ser total, incluyendo el esclarecimiento de los hechos y el respeto a la dignidad de las víctimas.
Respecto a las inconsistencias en el manejo de la información, como la tardanza entre el hallazgo (17 de enero) y la noticia pública (22 de enero), la Diputada optó por la cautela institucional:
"Primero que nada decirte que no podemos juzgar el hecho sin el conocimiento de las investigaciones previas. Es falta de ética juzgar a una persona sin conocer la investigación previamente o sin conocer las causas por las cuales sucedió este hecho."
La legisladora indicó que, aunque existen rumores sobre el retraso en la comunicación oficial, su postura se basa en esperar el informe de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, a fin de no emitir juicios prematuros o caer en la revictimización, un riesgo que ella misma señaló que algunos colegas han incurrido.
El caso es de suma importancia debido a que la familia, que trabajaba como puente de comunicación para la comunidad sorda, fue despojada de sus vidas de manera violenta. La diputada se comprometió a que el Congreso estará vigilante del trabajo que realicen tanto la Fiscalía como las autoridades de seguridad para asegurar que se haga justicia por Víctor, Anayeli y su hija Megan.
BCT