Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaran el dictamen para desaparecer siete órganos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA), especialistas en la materia advierten que la decisión supondría una grave vulneración al derecho de acceso a la información y representaría un retroceso de casi medio siglo en la lucha por reconocer y garantizar este derecho humano.
Ruth Espinoza Pérez, comisionada del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IMAIP), calificó como retroceso la decisión de proponer la extinción el organismo garante y trasladar sus atribuciones a los mismos sujetos obligados para convertirlos en “juez y parte”, dejando en la indefensión a las personas que soliciten información. No está claro, dijo, cómo resolverían los recursos de revisión cuando ellos mismos sean quienes nieguen la entrega total o parcial de la información.
“No dice nada este dictamen de qué pasaría con la Plataforma (del Sistema Nacional de Información), entonces la persona que desee conocer información de un ayuntamiento, por ejemplo, de Coalcomán, tendría que acudir directamente a solicitar la información y esperar a que la brinde y se la niegan, volver con ellos mismos a presentar el recurso de revisión de que les fue negada esta información, esperar a que resuelvan”.
Para Elizabeth Vázquez Bernal, ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y egresada de la primera generación de la maestría en Derecho de la Información de la UMNSH, la decisión de desaparecer el INAI (y en su caso los órganos garantes estatales) también afectaría en términos cualitativos porque al igual que en el resto de organismos autónomos como el INE, el IFT o la COFECE, laboran especialistas en la materia que se han formado luego de décadas de capacitación.
“Tendríamos que pensar, particularmente, en cómo se va a garantizar la imparcialidad de la toma de decisiones en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública (…) ¿cómo vamos a confiar en el Estado mexicano? ¿Cómo se va a asegurar la especialización de estos órganos? ¿quiénes van a recibir las solicitudes?”.
Es preocupante, recalcó la comisionada del IMAIP, que tampoco hayan convocado a foros de consulta ciudadana con especialistas, académicos, miembros de la sociedad civil e integrantes de estos órganos autónomos para explicar los argumentos jurídicos que tienen para la extinción de estos organismos, más allá de las críticas por el presupuesto que se les asigna para su funcionamiento.
Hay mucha preocupación, coincidieron ambas especialistas, porque sean los propios sujetos obligados, a través de sus contralorías los responsables de resolver los recursos de revisión justo cuando hay un proceso de extinción también de órganos internos de control adscritos las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados a nivel federal.
Espinoza Pérez cuestionó cuál será el destino del Sistema Nacional de Transparencia que ha costado años construir y qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia por medio de la cual cualquier persona puede acceder a solicitar información; ahora se tendría que acudir de forma separada a los sujetos obligados que seguramente tendrán criterios distintos para la reserva de información.
En caso de prosperar la reforma, ésta podría tener impacto también en las entidades federativas que emularían la extinción de los organismos autónomos garantes de estos derechos, generando, de igual forma, dificultades para el goce pleno de estos derechos o su protección, advirtió Espinoza Pérez; incluso si el argumento central es la austeridad, al final se tendría que incrementar el número de personal municipal para atender de forma adecuada las solicitudes de información.
Un aspecto fundamental que ha quedado relegado ha sido la protección de otro derecho humano como es la protección de los datos personales, advirtió la Comisionada. No ha quedado claro en la iniciativa cómo serla protección de este derecho, sobre todo cuando esté en manos de particulares.
Vázquez Bernal se pronunció por una reforma pero que mejore el servicio que brindan los órganos garantes, que haya una revisión administrativa profunda y se profundice en los alcances de estos derechos, antes que extinguirlos completamente. Se requieren cambios, pero para disminuir tiempos de respuesta, transparentar criterios para la reserva de información o mejorar los archivos.
“Si se está pensando en hacer una reforma en materia de derecho a la información pues que se piense en cosas mucho más positivas (como) la reducción de respuesta a una solicitud de información, el establecimiento de un periodo para la resolución de un recurso de revisión, el término de la gratuidad de la información, el término de abrir los archivos administrativos y la creación de un sistema de una base de datos que permita consultar públicamente cuál es la información que se va a contemplar como reservada o confidencial que se encuentra dentro de las administración públicas porque ahí es el gran problema con respecto a la toma de decisiones”.
AVL