Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, en Michoacán, las comunidades indígenas enfrentan retos y necesidades en torno al cumplimiento de la Constitución y sus mandatos en materia de paridad de género y rendición de cuentas, por lo que es necesario el diálogo entre éstas y los entes jurisdiccionales, pero bajo nuevos preceptos.
“Nuestra justicia no debe estar sujeta, ni condicionada a nuestra identidad y género; debe ser pareja, para todos”, planteó hoy la abogada Guillermina González Alonso durante la conferencia: “Interculturalidad y justicia administrativa: Pueblos originarios y la relación con el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán”.
En esta sede jurisdiccional, la activista de origen purépecha ofreció su ponencia por invitación de la Comisión para la Igualdad de Género, que dirige la magistrada Swany Peña Reyes, y de la Unidad de Género, en el marco de la conmemoración de 2025 como Año de la Mujer Indígena en México.
Así, en el salón de Usos Múltiples del TAAM, la licenciada González Alonso habló de la transición que viven las comunidades michoacanas en “un momento para nuestra emancipación y reconstrucción”. En ese marco ejercen figuras como los autogobiernos, que surgen de “sistemas normativos internos, ahora reconocidos en el artículo 2° constitucional”.
Por mucho tiempo, explicó, nuestras leyes fueron orales; hoy son leyes escritas. Y no se trata “de los usos y costumbres que no necesariamente están reconocidos formalmente por la ley, y que son distintos a estos sistemas que ejercemos en los concejos de gobierno comunal”.
Pero, en esta nueva etapa, las comunidades deben adoptar normativamente conceptos como la paridad, “un requisito que se planteó por el Instituto Electoral” y que se ha cumplido por algunas comunidades, aun cuando en otras, “las mujeres, todavía en este 2025, no opinan ni participan en elección de jefes de tenencia o la de representantes de bienes comunales”, expuso la egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Por otra parte, refirió sobre las nuevas necesidades en materia de transparencia, que se asumen como novedad en las comunidades, ya que, históricamente, “recibieron los recursos de los sistemas de gobierno municipal en forma asistencialista, sin que estas tuvieran necesidad de rendir cuentas”.
En ambos sentidos, González Alonso consideró los cambios como avances significativos en la vida de las comunidades indígenas, pero enfatizó la necesidad de un acompañamiento institucional para las mismas, a fin de que puedan ejercer, pero también cumplir con las leyes a cabalidad.
“Si vamos a ser sujetos de derechos, es importante que los tribunales difundan en las comunidades cómo podemos acceder a estos espacios para garantizarlos y para hacernos responsables (…) Es necesario, para que las comunidades sepan pedir justicia y cómo hacerlo”.
Así, González Alonso abogó por un tipo de “atención intercultural, capacitación comunitaria y ajustes procedimentales para garantizar los derechos colectivos”, a fin de que los tribunales “fortalezcan la gobernanza de los pueblos originarios y que estos puedan rendir cuentas y combatir la corrupción a la que estamos propensos”.
Por su parte, la magistrada Swany Peña Reyes adelantó que la interculturalidad seguirá fortaleciéndose en el TAAM, sobre todo en cuanto a su desempeño jurisdiccional, conforme con el nuevo Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva intercultural en México.
mrh