Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo (PT), propuso ante el Congreso de la Unión una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de endurecer las penas por tala ilegal en todo el país.

De acuerdo con la iniciativa, la sanción por talar árboles sin autorización en áreas verdes, terrenos forestales o zonas con vegetación natural aumentaría a entre uno y veinte años de prisión, además de una multa de tres mil a veinte mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), superando por amplio margen las penas vigentes.

El documento también contempla castigos para quienes rebasen los límites de aprovechamiento forestal establecidos en sus permisos o falsifiquen documentación, así como agravantes cuando los daños ocurran en Áreas Naturales Protegidas, involucren especies endémicas o afecten superficies mayores a una hectárea. En esos casos, la pena aumentaría hasta en una mitad y se ordenaría la reparación del daño ambiental de forma obligatoria.

Otra de las propuestas es la creación de un Padrón Nacional de Áreas Verdes, que concentraría información sobre zonas protegidas, áreas de donación y superficies forestales, bajo resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con participación de estados y municipios. Cualquier daño o construcción ilícita en estas superficies sería sancionada con penas de hasta diez años de cárcel.

Asimismo, se establece que la restauración o reforestación de las zonas afectadas deberá realizarse con especies nativas y correrá a cargo de los responsables. Estos también quedarían inhabilitados hasta por diez años para ejercer actividades relacionadas con el manejo o comercio de madera.

En la exposición de motivos, González Naveda señaló que la tala ilegal opera mediante la falsificación de permisos, en ocasiones con apoyo de autoridades ejidales y actos de corrupción. También se advierte que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) enfrenta limitaciones para judicializar estos casos, aun cuando existen detenciones en flagrancia.

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