Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aprobación de la llamada ley contra factureras es una de las acciones más importantes para la cuarta transformación, por su trascendencia no sólo en el combate a la corrupción y el crimen, también para la recuperación de nuestra economía, ya que la expedición de facturas falsas entre 2014 y 2018 implicó una defraudación fiscal por más de billón y medio de pesos, subrayó Alfredo Ramírez Bedolla.

En virtud de las reformas a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional, así como a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, el Fiscal de la Federación y el Penal Federal, se incluye a la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, además de que se les considera una amenaza a la seguridad nacional.

El legislador explicó que la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, son actos ilícitos que pueden ser considerados como defraudación fiscal, y que, por tanto, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Añadió que al asociar la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, las penas de prisión se elevan y se podría aplicar la extinción de dominio para recuperar las contribuciones evadidas.

Entre 2014 y 2018 fueron identificadas cerca de 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas, abundó el diputado local, por lo que el impacto económico de este fraude fiscal equivale al 26.2 por ciento del Presupuesto de Egresos de la federación proyectado para el año 2020.

Por: Boletín / PO