El periodismo es terrorismo. Un coche bomba que mata a cinco personas no lo es. Las palabras se tuercen al servicio de la conveniencia política y la justicia se administra según quién incomode al régimen.

El 24 de diciembre de 2024, en plena víspera navideña, Rafael León Segovia —conocido como "Latifa León"— fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz. Su delito: ejercer el periodismo. Su acusación: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Las autoridades lo capturaron tras una transmisión en vivo del 16 de diciembre, donde documentó un accidente vehicular. En el video aparecía la hija de "la abogada con más poder en Veracruz", la cual lo amenazó, según testigos: "¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!", le espetó. Ocho días después: prisión preventiva oficiosa bajo cargos de terrorismo.

El mensaje es claro: documentar la realidad es terrorismo. La Fiscalía General de Veracruz, bajo el mando de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sostiene que el trabajo informativo de León Segovia "genera pánico en la población". Artículo 19 México reporta que el país registra un proceso legal contra un periodista o medio cada cuatro días, un aumento del 143 % respecto al año anterior. México ocupa el lugar 124 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, siendo el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo después de Gaza.

Las ventajas para Morena son evidentes: silenciar voces incómodas, fabricar precedentes legales, intimidar al gremio periodístico. León Segovia lleva más de 20 años cubriendo la fuente policiaca. Conoce demasiado. Ha visto demasiado. Ha documentado demasiado. Por eso hoy está en prisión, acusado de un delito que podría llevarlo hasta 30 años tras las rejas.

Mientras tanto, el 6 de diciembre de 2024, un coche bomba estalló frente a la comandancia de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán. Seis muertos y once heridos al momento. Daños en 300 metros lineales. Destrucción del Hospital Comunitario. El vehículo, cargado con explosivos, fue accionado a distancia. La Fiscalía General de la República inicialmente abrió una carpeta de investigación por terrorismo. Menos de 24 horas después, el delito fue reclasificado: delincuencia organizada.

La ironía es brutal. Un periodista transmitiendo un accidente: terrorismo. Un coche bomba que siembra muerte y destrucción: delincuencia organizada. La fiscal Ernestina Godoy nunca explicó satisfactoriamente el cambio. La presidenta Sheinbaum se lavó las manos: "La Fiscalía tiene que explicarlo".

¿Por qué Morena necesita que Coahuayana no sea terrorismo? Las razones son múltiples y calculadas:

Primero, la narrativa. Reconocer el terrorismo del crimen organizado implicaría reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad.

Segundo, las implicaciones legales. El terrorismo abre la puerta a la intervención internacional. Estados Unidos ya señala la presencia de grupos terroristas en México.

Tercero, el costo político. El ataque ocurrió el mismo día que Sheinbaum celebraba. El Plan Michoacán había cumplido un mes. Admitir un acto terrorista era reconocer que el plan es papel mojado.

Cuarto, la complicidad estructural. Reconocer el terrorismo del Cártel Jalisco Nueva Generación en Coahuayana abriría la caja de Pandora. ¿Cuántos otros ataques tendrían que reclasificarse?

Rafael León Segovia enfrenta hasta 30 años de prisión por hacer su trabajo. Los responsables del coche bomba de Coahuayana enfrentarán penas menores bajo la figura de delincuencia organizada. Esta es la justicia selectiva de Morena: dura con los débiles, blanda con los poderosos.

El efecto inhibidor es devastador. Cada periodista en México ahora sabe que documentar la realidad puede costarle la libertad. El mensaje es inequívoco: o te autocensuras o enfrentas al Estado.

Artículo 19 advierte que "el panorama es poco halagüeño en un país donde se inicia un proceso legal contra un periodista cada cuatro días". México ya no solo mata periodistas, ahora también los encarcela bajo acusaciones fabricadas.

Sé lo que dirán los militantes de Morena: "¿Y el PRI qué?". La respuesta es verificable: durante las administraciones priistas, ningún periodista fue encarcelado por terrorismo. Durante nuestros gobiernos, los actos terroristas no se reclasificaban por conveniencia política.

No idealizo el pasado priista —tuvimos errores y los reconocimos—, pero jamás llegamos al cinismo de llamar terrorista a un periodista y callar ante quien detona coches bomba.

Exijo la liberación inmediata de Rafael León Segovia y que la FGR reclasifique el ataque de Coahuayana como lo que es: terrorismo.

La elección es clara: seguir el camino del autoritarismo selectivo que Morena representa o recuperar las instituciones democráticas que el PRI siempre defendió.

¡México y Michoacán merecen una Revolución Institucional y Social!

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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.

rmr