La revocación de mandato es una figura de democracia participativa que, en algunos países, se utiliza para consultar al electorado sobre la continuidad de un gobernante, a petición de la ciudadanía. No obstante, en otras naciones esta figura funciona más bien como un mecanismo similar a la reelección: tras un periodo (comúnmente de cuatro años), se realizan elecciones en las que las y los electores deciden si la persona titular del gobierno continúa por otro periodo, o si, al votar por una opción distinta, se le revoca el mandato y se impide su continuidad.

En México, el diseño es distinto, porque tenemos uno de los periodos más largos de un titular del Ejecutivo. Desde 1940, los periodos presidenciales pasaron de cuatro a seis años, con el objetivo de brindar mayor estabilidad política, ya que en ciclos de cuatro años la efervescencia electoral comenzaba demasiado pronto, dificultando la continuidad de los proyectos de gobierno.

Este modelo de sexenios ha permitido que tanto la Presidencia de la República como los gobiernos locales mantengan periodos de seis años, con renovaciones regulares y ordenadas.

Si este esquema ha funcionado, especialmente después de una elección tan contundente como la de 2024, no parecería necesario plantear una revocación de mandato a los tres años, ni siquiera someter a consulta la continuidad a los cuatro años. Desde mi perspectiva, lo mejor es preservar la estabilidad que ofrecen los periodos de seis años, tal como ha ocurrido en la historia moderna de México.

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