Uno de los temas recurrentes en las discusiones para las reformas electorales es el costo que implica organizar los procesos de elección, tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Con frecuencia se señala —de manera injusta, a mi parecer— que los montos son excesivos; sin embargo, esos recursos corresponden a las atribuciones y responsabilidades que los órganos electorales deben cumplir para garantizar procesos confiables y resultados con certeza.

Los costos implican la contratación de personal, renta de oficinas, renta de vehículos de carga para el material, bodegas, traslados, sistemas y equipos de cómputo, entre otros elementos técnicos y logísticos indispensables para que cada persona pueda encontrar una casilla cercana y ejercer su derecho al voto con una boleta disponible el día de la elección.

La pregunta inevitable es: ¿Se puede disminuir el costo de las elecciones? Mi respuesta es sí, revisando los procesos, procedimientos y prácticas implementadas en su momento, pero que hoy, con los avances tecnológicos, parecen haber quedado rebasadas.

Por ejemplo, la impresión de boletas en papel de seguridad —casi infalsificable, similar al de los billetes— eleva considerablemente los costos. Hoy, la implementación del voto electrónico es viable. También se han implementado sistemas informáticos de protección que quizá podrían evolucionar hacia modelos más integrales y eficientes.

Las campañas, por ejemplo, podrían optimizarse mediante el uso responsable de redes sociales, lo que permitiría disminuir erogaciones sin sacrificar equidad. En conclusión, reducir gastos es viable revisando procesos y aprovechando las herramientas digitales.

Sin embargo, pretender abaratar las elecciones eliminando organismos, autoridades o reduciendo áreas operativas sería un error, por las complicaciones para realizar todos los procesos de una elección; es decir, lo barato saldría caro, pues perderíamos experiencia institucional, así como certeza y confianza en los resultados.

Abaratar las elecciones es posible, pero no a costa de debilitar la estructura electoral. El camino está en la revisión de procesos, la innovación tecnológica y la optimización de atribuciones, no en la desaparición de autoridades.

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