Alejandro Moreno*

La tragedia ocurrida con el Tren Interoceánico no puede —ni debe— verse como un accidente aislado o una simple falla operativa. Lo que hemos presenciado es el resultado de fallas estructurales y sistemáticas que nacen de decisiones políticas y de gestión profundamente negligentes, que en la práctica han significado una corrupción criminal con un costo tangible: vidas humanas.

Este proyecto, presentado como un emblema de modernidad y desarrollo, quedó atrás de la retórica y se quedó con lo mínimo indispensable para funcionar. En un tren que debía simbolizar progreso y conectividad, las locomotoras operaban sin instrumentos básicos de seguridad: no contaban con velocímetro para el conductor, las cámaras de vigilancia eran inservibles por falta de software, y ni siquiera se integraron sistemas contra incendios en unidades asignadas para pasajeros.

¿Cómo puede llamarse “infraestructura segura” a un convoy que circula con trenes antiguos o reconstruidos, cuyos componentes esenciales para monitorear y controlar riesgos no existen o no funcionan? Es inexplicable desde cualquier estándar de gestión responsable. Estos no son defectos menores: son omisiones que ponen en riesgo la vida de las personas.

Tampoco resulta creíble que se pretenda cargar la culpa sobre tres modestos trabajadores, como si ellos hubieran diseñado el proyecto, autorizado los contratos o decidido recortar en seguridad. La responsabilidad no puede terminar en los eslabones más débiles de la cadena. Aquí deben responder quienes hicieron del poder una plataforma de negocios: los juniors que firmaron, subcontrataron, abarataron y miraron hacia otro lado mientras ponían en riesgo la vida de miles de mexicanos.

Detrás de estas fallas hay un error mayor: un modelo de gestión que favoreció atajos, baja calidad en materiales, falta de equipamiento esencial y prácticas que priorizan costos políticos y económicos sobre la seguridad ciudadana. Cuando un tren diseñado para transportar cientos de pasajeros carece de instrumentos que permitan saber si excede la velocidad segura, resulta imposible no ver una correlación entre esa negligencia y las consecuencias fatales que ya conocemos.

El descarrilamiento devastador, que acabó con la vida de al menos 14 personas e hirió a muchas más, no sucede en un vacío técnico: ocurre en un contexto donde las libertades y la seguridad quedan subordinadas a decisiones erróneas o incluso a prácticas corruptas que prefirieron ahorrar en lo que nunca debería escatimarse.

Tenemos que exigir una mirada crítica y profunda sobre cómo se planifican, adjudican y supervisan proyectos que comprometen vidas. No puede haber disculpa ni eufemismo cuando la improvisación y la falta de controles básicos terminan costando vidas humanas. Esta tragedia exige justicia para las víctimas, sí, pero también un escrutinio serio de los mecanismos de rendición de cuentas que deben protegernos y que en este caso fallaron estrepitosamente.

La corrupción no siempre se trata de sobornos visibles o cuentas opacas: también es criminal cuando se traduce en carreteras sin señalización, hospitales sin equipo, y trenes sin sistemas de seguridad. Y en estos casos, la corrupción mata.

*Presidente Nacional del PRI.

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