Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el impacto económico que representa la atención de enfermedades como diabetes e hipertensión, derivada de la obesidad, las y los diputados de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, votaron a favor de reformas al artículo 5 de la Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Michoacán de Ocampo.
En Sesión Ordinaria, el Pleno Legislativo votó a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, sobre la iniciativa del Diputado J. Reyes Galindo Pedraza, en la que se define que la Secretaría de Salud deberá promover, con instituciones públicas y privadas, convenios, campañas, programas, planes y acciones orientadas a mejorar la salud ocupacional, la adecuada nutrición y la salud física de las y los trabajadores del sector público en el Estado.
Lo anterior, al adicionar las fracciones X y XI al artículo 5 de la citada ley, con la finalidad de prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares de los funcionarios públicos michoacanos.
De acuerdo con el Dictamen, la Secretaría de Salud del Estado contará con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para diseñar, implementar y coordinar las estrategias necesarias que aseguren el cumplimiento de la disposición reformada, en colaboración con las instituciones públicas y privadas involucradas.
Cabe destacar, que los trastornos alimentarios y sus efectos en la salud integral es resultado de factores como “hábitos nocivos de alimentación, dinámicas laborales intensas, y entornos con baja cultura de autocuidado”, por lo que el Estado debe impulsar políticas públicas que integren el autocuidado, la buena alimentación y la prevención de enfermedades en el entorno laboral.
En el Dictamen también se establece que la acción institucional es urgente y debe ser compartida por los sectores público, privado, social y educativo, para evitar que la atención de la diabetes e hipertensión generen un impacto económico severo, al representar hasta el 5% del Producto Interno Bruto nacional, debido a la pérdida de productividad y al aumento del gasto público en salud.
RPO
