Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una compleja estructura criminal que operaba desde Europa y ofrecía servicios tecnológicos para encubrir delitos cibernéticos fue desarticulada recientemente por autoridades internacionales. La operación, realizada en Letonia con el respaldo de organismos como Europol y Eurojust, expuso el alcance global de una red que permitía a delincuentes utilizar números telefónicos de más de 80 países para ocultar su identidad y cometer una amplia variedad de crímenes digitales.
La red ofrecía un servicio ilegal basado en el uso de dispositivos conocidos como “SIM-box”, que albergaban múltiples tarjetas SIM activas y facilitaban el envío de mensajes, llamadas y la verificación de cuentas en línea. Gracias a esta tecnología, los usuarios del servicio podían crear perfiles falsos en redes sociales, plataformas de compraventa, sitios bancarios y otras aplicaciones, simulando ubicaciones e identidades ficticias. Esta capacidad de anonimato resultó clave para actividades ilícitas como fraudes financieros, suplantación de identidad, estafas de inversión y extorsiones.
Durante la operación se incautaron servidores, equipos especializados, decenas de miles de tarjetas SIM y cuentas vinculadas a criptomonedas y bancos. También fueron cerrados sitios web que comercializaban el acceso a estos servicios y mostraban una fachada aparentemente legal. De acuerdo con las autoridades, la red permitió la creación de más de 49 millones de cuentas falsas en línea y habría ocasionado pérdidas millonarias entre víctimas de todo el mundo.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la diversidad de delitos que facilitaba este esquema, que iba desde estafas en línea hasta delitos graves como el tráfico de personas o la distribución de material de abuso infantil. A través del uso de teléfonos anónimos, los delincuentes se hacían pasar por familiares, representantes de instituciones financieras o incluso agentes de policía, logrando convencer a sus víctimas de transferir fondos, entregar datos sensibles o instalar software malicioso en sus dispositivos.
El nivel de profesionalización del grupo criminal quedó evidenciado en la organización logística y tecnológica que desplegaron: no sólo contaban con una plataforma digital diseñada con apariencia comercial, sino también con una red de colaboradores encargados de adquirir y activar tarjetas SIM en distintos países para luego alquilarlas a otros grupos delictivos. Además, algunos de los involucrados ya enfrentaban investigaciones por otros delitos, lo que sugiere una reincidencia en el ámbito del crimen organizado digital.
Se espera que la magnitud del daño causado y el número total de víctimas siga creciendo a medida que avanza la investigación. El caso pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la regulación de servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar la educación digital para prevenir fraudes que, con frecuencia, utilizan tácticas de engaño emocional o ingeniería social.
BCT
