
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con música, recuerdos y globos, en el Palacio Clavijero de Morelia se realizó “el Bodorrio”, por parte de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS), a manera de protesta sobre la renta de los edificios históricos para eventos privados, como bodas.
Tras expedirse un cheque simbólico por un peso, por el concepto de renta del patio del Palacio Clavijero, parejas se casaron simbólicamente con todo y ramo, aunque hubo quienes sí entregaron anillo.
Previo a las bodas, miembros de la CCAOS expusieron que la manifestación es por la tendencia de privatizar y mercantilizar los espacios públicos, tanto estatales como municipales, con eventos como bodas, al considerar que estos espacios públicos pertenecen a toda la población y deben ser utilizados para fortalecer la vida comunitaria, cultural y social de manera libre y accesible.
En ese sentido, expresaron su rechazo a las políticas de mercantilización de los espacios públicos y a la discriminación de la pobreza, pues cuestionaron cuántos y cuáles ciudadanos pueden pagar 250 mil pesos para alquilar un inmueble público para una boda.
Señalaron la falta de información y transparencia sobre la captación, uso y aplicación de recursos monetarios obtenidos por la renta de espacios públicos.
Manifestaron que, de acuerdo con el Periódico Oficial de Michoacán publicado en diciembre de 2024, la Secretaría de Cultura recibió 273 millones de pesos de presupuesto, mientras que supuestamente la renta del Clavijero es de 250 mil pesos por el patio principal, 90 mil por el de la Casa de la Cultura y 90 mil por el del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, motivo por el cual volvieron a cuestionar el destino de dichos recursos económicos.
Exhibieron que, debido a estos eventos privados, el pasado 22 de marzo movieron la proyección del documental “Oblatos”, programada para ese día con semanas de anticipación, por dar prioridad a una boda, y otra serie de incidentes por los mismos motivos.
Ante esta situación, pidieron la revocación de las políticas que permiten la mercantilización de los espacios públicos culturales, que deben ser de uso exclusivo para eventos culturales y artísticos, con acceso a la población en general.
De igual manera, exigieron una auditoría exhaustiva del periodo 2022 al 2025, en la gestión del Clavijero y todos los espacios públicos del estado utilizados para eventos privados, en la que se reporte el uso del recurso económico obtenido, que asegure que no hay daño patrimonial, y se revise que la renta de los inmuebles responda a las necesidades del espacio y no a intereses económicos particulares.
mrh