Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En noviembre de 2024, la Secretaría de Contraloría logró la reparación del daño al patrimonio del Gobierno del estado por la empresa por la cantidad de 970 millones 976 mil pesos, por el tema de los cuarteles de seguridad que se construyeron en la administración pasada, informó la titular de la dependencia estatal, Azucena Marín Correa.
En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de la Controlaría del estado hizo un recuento sobre que servidores públicos de la SSP y SFA, con instrucciones del entonces gobernador Silvano, compraron a sobreprecio siete complejos de policía Michoacán, después de arrendarlos a altos costos.
Refirió que en ese periodo, el estado comprometió aproximadamente 5 mil millones de pesos para los cuarteles de seguridad, de los cuales se erogó una cantidad de 3 mil 466 millones de pesos; contrataciones que se realizaron por adjudicación directa con la inmobiliaria DyF S.A. de C.V., entre los años 2016 y 2017, además de que, expuso, se detectaron otra irregularidades como proyectos ejecutivos inexistentes, que la empresa no comprobó la propiedad de los terrenos, y convenios modificatorios de mantenimiento sin evidencia de los servicios.
Señaló que el 28 de septiembre del 2021, dos día antes de concluir la administración de Silvano, se hicieron las dispersión es de los pagos a la empresa, por ello la actual administración, a través de la Secretaría de la Contraloría inició la auditoría de los cuarteles en noviembre de 2021, en la que se detalla que los complejos ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro, cuentan con espacios lujosos y blindados, en contraste con la calidad de las instalaciones destinada al personal operativo y de primer nivel.
Indicó que el 16 de febrero de 2022 se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de la Contraloría ante la Fiscalía General de la República, así como que a la par se comenzaron con las mesas de trabajo para la investigación de la UIF y las fiscalías especializadas.
Mencionó que en junio de 2023 se acumularon las carpetas que se estaban investigando por separado en las fiscalías especializadas, así como que se presentó por escrito la denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación por un daño de mil 52 millones de pesos.
Abundó que en 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera envió los resultados de la investigación a la FGR; mientras que en el proceso de judicialización un total de 31 servidores públicos se han presentado en calidad de testigo y la Fiscalía General de la República, en febrero de 2024, logró el aseguramiento precautorio de los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles.
Puntualizó qué los siete cuarteles siguen asegurados por la Fiscalía General de la República.
Reiteró que en noviembre de 2024 la Secretaría de Contraloría logró la reparación del daño al patrimonio del Gobierno del estado por la empresa por la cantidad de 970 millones 976 mil pesos, mientras que en febrero de 2025 la FGR judicializó las carpetas por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Asimismo, comentó que la juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos, identificados como presuntos implicados en esta trama de posible corrupción, y la detención de Carlos “N”, ex secretario de Finanzas, Antonio “N”, ex secretario de Seguridad, Elizabeth “N”, ex delegada administrativa de la SSP y Mario “N”, ex delegado administrativo de la SSP.
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