Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La administración estatal de Silvano Aureoles Conejo hizo el arrendamiento de siete cuarteles policiales y posteriormente los compró dos días antes de concluir su periodo, evidenció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, expuso que en la anterior administración la Secretaría de Seguridad Pública pagó por un proyecto ejecutivo, arrendamiento, mantenimiento y adquisición de los siete cuarteles más de 5 mil millones de pesos.
Enfatizó, tan sólo de la renta fueron 3 mil 475 millones 732 mil 999 pesos.
Bedolla puntualizó que de la compra de los siete cuarteles, que se hizo el 28 de septiembre del 2021, se destinaron mil 552 millones de pesos, además, dijo, en cada uno de los cuarteles se construyó un búnker o "Casa de Gobierno''.
El mandatario estatal señaló que los contratos se hicieron con la empresa "Inmobiliaria DyF S.A de C.V.", que es la misma con la que se hizo el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.
Puntualizó que la erogación total del cuartel de Apatzingán es de 691 millones 994 mil 758 pesos, en el de Lázaro Cárdenas fueron más de 945 millones 681 mil pesos, en Coalcomán fueron más de 694 millones 615 mil pesos, en el de Jiquilpan fueron más de 687 millones 573 mil pesos, en Zitácuaro fue de 718 millones 662 mil pesos, en Uruapan fue de 875 millones 440 mil pesos y en Huetamo fue de 572 millones 132 mil pesos.
Manifestó que había casos en los que se pagaban la renta y no estaba la construcción y otros estaban construidos con paredes de plástico, además de que se encuentran en mal estado o semiabandonados.
El gobernador explicó que el "modelo de corrupción" fue que se pagaron siete proyectos ejecutivos, cuando debió ser uno sólo como proyecto modelo para el resto de los cuarteles, se hicieron contratos de arrendamiento y mantenimiento con una empresa que no contaba con la posesión real y material de los inmuebles objeto del contrato, por mencionar algunos.
Además, abundó que la Secretaría de Seguridad no tiene evidencia documental de que recibió las instalaciones o que el Gobierno de Michoacán sea propietario de los inmuebles, así como que se presume un sobreprecio del costo de los cuarteles, por lo que se realizará un avalúo.
El gobernador adelantó que próximamente se darán a conocer con la titular de Secretaría de la Contraloría las denuncias que se presentarían por este tipo de acciones de la administración estatal, porque se está en el armado de los expedientes.
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