Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la organización IPAS Latinoamérica y el Caribe publicó un estudio que subraya la persistencia de una "resistencia activa y colectiva" en México para asegurar los derechos sexuales y reproductivos. Si bien el país cuenta con marcos normativos avanzados, la implementación efectiva de estos derechos enfrenta serios obstáculos, evidenciando profundas desigualdades en el acceso a servicios de salud culturalmente adecuados y basados en evidencia científica.
El contexto legal mexicano reconoce avances importantes, como las normas oficiales NOM-046-SSA2-2005 y NOM-047-SSA2-2015, que regulan la atención a la violencia y los servicios de salud reproductiva, además del mandato constitucional desde 2019 de impartir educación sexual integral con perspectiva de género. Sin embargo, la realidad en las cifras oficiales muestra que estos compromisos no se están traduciendo en la protección efectiva de las jóvenes.
Las estadísticas de la Secretaría de Salud son alarmantes: en 2024 se registró un promedio de 22 nacimientos diarios en niñas menores de 15 años, una proporción significativa de los cuales son resultado de violencia sexual. Esta crisis se agrava con los datos de 2025, cuando se documentaron 29 mil 800 casos de morbilidad materna extremadamente grave, incluyendo 269 complicaciones severas en niñas de 10 a 14 años, un claro indicador de los riesgos físicos de la maternidad adolescente.
La desigualdad en el acceso a la prevención es otro punto central del análisis. Según la ENADID 2023, entre las adolescentes hablantes de alguna lengua indígena que ya iniciaron su vida sexual, únicamente el 26.6 % utiliza algún método anticonceptivo. Esta cifra, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) vincula a la falta de información suficiente y oportuna, demuestra que la resistencia también se libra en el ámbito de la información y la interculturalidad en los servicios de salud.
En cuanto al derecho a decidir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización absoluta del aborto. A pesar de este respaldo legal a nivel federal, persisten barreras estatales significativas. Las mujeres en entidades con leyes restrictivas se ven forzadas a viajar para acceder a servicios legales y seguros, una barrera económica y de movilidad que impacta desproporcionadamente a quienes tienen menos recursos o responsabilidades de cuidado.
El análisis proyecta el 2026 como un año clave para consolidar la despenalización y, crucialmente, para asegurar que la interrupción del embarazo sea tratada como un servicio de salud regulado y accesible en todo el territorio nacional. Estados como Guanajuato y Querétaro aún deben armonizar su legislación, mientras que en otros, como Zacatecas y San Luis Potosí, persisten obstáculos en la operatividad de las instituciones. Dejar de ver el aborto como delito es fundamental para reducir el estigma y garantizar la plena autonomía corporal de las mujeres michoacanas y del país.
RPO
