Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán forma parte de las entidades federativas que cuentan con convenio de colaboración con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y dar atención a los desplazamientos internos y forzados.
De acuerdo con la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para Michoacán, Miriam Heredia Zertuche, su intervención se da a través de solicitudes de las autoridades nacionales, estatales y municipales.
En el caso de Michoacán, refirió contar con un convenio de colaboración, el cual está vigente hasta el 2027, para dar acompañamiento a las autoridades sobre el desplazamiento interno, además de generar un protocolo de atención que permita fortalecer las acciones para este sector poblacional.
"Concretamente en Michoacán tenemos un convenio con el Estado, a través de la Secretaría del Migrante, que lo firmamos en 2022 y renovamos este año hasta el 2027, cuando culmina la gestión, justamente para acompañar estos esfuerzos a las autoridades, toda vez que ellas tienen la obligación primaria de atender y nos solicitan el apoyo", dijo.
Sin embargo, no dio los datos estadísticos que se tienen en la entidad en cuanto a estos temas, los cuales fueron rastreados por MiMorelia.com desde la página oficial del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y del ACNUR.
El panorama
De acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno del IDMC, dado a conocer en mayo de 2025, México registró 11 mil nuevos desplazamientos asociados a conflictos y violencia en 2023, un 20 por ciento más que en 2022. Chiapas fue el estado más afectado como consecuencia de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Para finales de 2023, la cifra de desplazamiento interno fue de 392 mil personas como consecuencia de los conflictos y la violencia en México, la cifra más alta desde que se inició el registro en el país en 2009. La mayoría de los desplazamientos se dieron por temor al reclutamiento forzado.
En tanto, por parte del ACNUR, en marzo pasado se emitió una declaratoria de emergencia por desplazamientos en Michoacán. De acuerdo con el documento, el 15 de marzo, aproximadamente 500 personas fueron desplazadas debido a enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo, en el municipio de Apatzingán.
Además, mil personas quedaron atrapadas en las comunidades de El Mezquital, Guanajuatillo, Holanda y Los Laureles, ubicadas en el centro-oeste de Michoacán. De acuerdo con el informe de ACNUR, los grupos del crimen organizado bloquearon la ayuda humanitaria y restringieron el acceso.
Además, el 16 de marzo, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán notificó a las autoridades sobre el desplazamiento; se instruyó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán garantizar la ayuda alimentaria y la asistencia de emergencia a 150 personas albergadas en dicho municipio; ACNUR donó 150 colchonetas y suministros de higiene.
Para el 18 de marzo, ACNUR participó en una mesa de trabajo en el Congreso local, donde se hizo un llamado a las autoridades a trabajar en una ley de protección para personas víctimas de desplazamiento forzado.
De acuerdo con el informe, desde noviembre de 2024, la violencia en la región de Tierra Caliente y áreas vecinas de los estados de Colima y Jalisco escaló debido a los enfrentamientos entre diferentes grupos del crimen organizado; en diciembre fallecieron soldados en Buenavista, Apatzingán y Cotija por minas terrestres, mientras que varios trabajadores agrícolas resultaron heridos y muertos en el mes siguiente. Además, 30 escuelas cerraron en enero de 2025 debido a preocupaciones de seguridad.
Tras el despliegue de las fuerzas del orden, alrededor de 30 familias regresaron en febrero de 2025 a sus hogares. Sin embargo, desde entonces el acceso a servicios esenciales es limitado y el riesgo de desplazamiento incrementó. Al menos 700 personas se trasladaron a la frontera norte de México con la intención de solicitar protección internacional en los Estados Unidos.
Con fecha del 22 de mayo del presente año, la Secretaría del Migrante (SeMigrante) presentó su modelo de atención, el plan de trabajo 2025 y las colaboraciones para combatir el desplazamiento forzado a ACNUR y a la Dirección de Operaciones Humanitarias y de Protección Civil de la Unión Europea (Echo), a quienes se les informó sobre la implementación de herramientas para la detección y atención de casos, procesos de capacitación en manejo de datos, el diseño de flujogramas y manuales de actuación para los municipios, además de la mejora del sistema de albergues temporales mediante el trabajo con organizaciones civiles y espacios eclesiásticos. Con información de la dependencia, los municipios con mayor incidencia de desplazamiento son Coahuayana y Aquila.
rmr
