

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que el Poder Legislativo de Michoacán recientemente aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, ascendente a más de 107 mil millones de pesos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) criticó lo que consideró una insuficiencia de los recursos destinados a las comunidades originarias.
Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, calificó como “insultante” la asignación presupuestal destinada a la atención de los pueblos y comunidades indígenas a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI).
Según las declaraciones de Guzmán, el presupuesto asignado para atender a 500 comunidades indígenas asciende a apenas 30 millones de pesos. Esta cifra, que el vocero considera una “migaja” y una “miseria”, contrasta fuertemente con otras asignaciones estatales. Para ponerlo en perspectiva, el vocero del CSIM hizo una analogía directa:
Además de la crítica presupuestal, el vocero del CSIM señaló graves incumplimientos en materia de seguridad, un tema crucial en el cierre del año y de cara al nuevo ejercicio fiscal. Guzmán indicó que el Gobierno del Estado ha fallado en la instauración de las bases de operaciones interinstitucionales solicitadas en localidades clave como Sevina y Cumicho.
El CSIM había pedido que existiera al menos una base en cada región indígena, una demanda que, según el vocero, no ha sido atendida.
La lentitud en otros procesos vitales también fue señalada, como el proceso de armamento, que avanza a paso muy lento. Esta falta de cumplimiento en seguridad, sumada a la precaria asignación de recursos, genera un panorama difícil para el cierre del año y augura un inicio de 2026 complicado para los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, quienes perciben una falta de atención real por parte del gobierno estatal.
El CSIM insiste en que la atención a los pueblos originarios debe reflejarse en cifras concretas dentro del marco legal del presupuesto, y no limitarse a declaraciones. La exigencia es clara: que el presupuesto refleje el compromiso con la atención de las 500 comunidades, superando las insuficiencias que, en la práctica, limitan su desarrollo y seguridad.
RPO