Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de Internet por niñas, niños y adolescentes conlleva al menos cuatro tipos de riesgos: de contenido, de contacto, de conducta y de privacidad, que pueden vulnerar sus derechos, expuso Aranza Natalia Ayala Macías, adscrita a la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, al presentar el Informe Especial: Vulnerabilidad de los Derechos de las Infancias y Adolescencias frente al uso no regulado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Al presentar el informe, compartió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumos de Contenidos Audiovisuales 2023, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a nivel nacional el 83 por ciento de las niñas, niños y adolescentes declararon utilizar Internet; el 68 por ciento utiliza una red social. YouTube es la plataforma que más usan, seguida de TikTok, WhatsApp, Facebook e Instagram.
Abundó que, principalmente, utilizan las redes sociales para estar en contacto con sus familiares y amigos (45 %), informarse sobre temas de interés (34 %), porque sus amigos también las utilizan (14 %), seguir celebridades (11 %) y conocer gente.
Ante esta cifra, apuntó que existen riesgos como el de contenido, que se refiere a la exposición a información inapropiada, como imágenes sexuales, violentas, racistas o que promueven conductas dañinas, por ejemplo, el suicidio, trastornos alimenticios o autolesiones.
En el caso de los riesgos de conducta, detalló que están relacionados con el mal uso del anonimato en línea, donde niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas o autores de conductas agresivas.
Abundó que los riesgos de privacidad ocurren cuando se comparten datos personales sensibles, como contraseñas, dirección, teléfono o correo electrónico, lo que puede derivar en robo de identidad.
Por ello, indicó que entre las recomendaciones que hace la CEDH está el desarrollo de programas educativos para niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación, así como una legislación que ajuste el uso de contenidos con énfasis en la protección de este sector de la población, y la elaboración de políticas integrales para fomentar un uso responsable y seguro.
RPO
