Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la persistente crisis política y de seguridad que vive Uruapan tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre, el exalcalde Ignacio Campos hizo una declaración que revela la profunda fractura política que antecedió a la tragedia. Campos dio a conocer el motivo de su distanciamiento, señalando que la ruptura se originó por una demanda de índole administrativa.
"La ruptura se dio porque él me estaba solicitando 50 espacios, no de trabajo en la administración municipal, sino como vulgarmente se denominan aviadores, y con salarios arriba de 30 mil pesos", dijo.
Esta revelación se da en un momento extremadamente sensible, ya que el homicidio de Manzo ha puesto bajo la lupa a toda la estructura de seguridad y gobernanza que operaba en el municipio. Tras el crimen, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo, asumió la alcaldía y, junto con figuras como Carlos Bautista, ha mantenido una postura crítica hacia el equipo y las prácticas heredadas de la administración anterior, encabezada por Campos, exigiendo transparencia total en el esclarecimiento del atentado.
La declaración de Campos, aludiendo a la solicitud de medio centenar de plazas fantasma con sueldos elevados, no solo justifica la "ruptura" que menciona, sino que también añade una capa de sospecha sobre las dinámicas internas que precedieron al asesinato.
El señalamiento del exalcalde establece un nuevo frente de conflicto en Uruapan: el político y el judicial. Mientras las autoridades continúan la investigación del homicidio de Manzo, buscando vínculos con el crimen organizado, la denuncia pública sobre el intento de imponer "aviadores" con altos salarios sugiere que las tensiones internas por el control de los recursos municipales pudieron haber sido un factor determinante en el ambiente político de Uruapan.
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