Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre 20 órdenes de aprehensión contra militares que estarían involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La notificación sería al área jurídica de la Sedena para que ubique a los 20 mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería y que han sido rotados desde septiembre de 2014 cuando se registró la desaparición de los normalistas en Iguala.
Es de recordar que el pasado jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el avance del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, donde aseguró que la “verdad histórica” fue confabulada por funcionarios públicos de las tres órdenes de gobierno.
Por ejemplo, señala al general Alejandro Saavedra Hernández, que en el 2014 era comandante de la 35 Zona Militar y uno de los enlaces operativos de la investigación sobre los estudiantes. Así como al coronel José Rodríguez Pérez, que era comandante del Batallón 27 de Infantería, en Iguala, y que, de acuerdo a un estudiante, este último se dedicó a “fotografiarlos” al interior de una clínica, además de que estuvo al frente de personal militar. Otro que también señalan es al Teniente de Infantería, Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, quien era mando inmediato del militar Julio César López, infiltrado entre los estudiantes y que también está desaparecido.
Por otra parte, el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México libró órdenes de aprehensión a cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, a 26 policías de Huitzuco; 6 de Iguala; 1 de Cocula; 11 policías estatales y 14 miembros de un grupo delincuencial, entre otros que se suman a 83 requerimientos vinculados a los sucesos del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A estos últimos se les imputa delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidio y tortura.
Es de recordar que en el informe de presentó Encinas expuso que autoridades federales, estatales y municipales fueron omisos y negligentes, y alteraron elementos para llegar a una conclusión ajena a la verdad, ya que indica tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la escuela hasta su desaparición y sus acciones, así sus omisiones permitieron su desaparición y ejecución.
EA
