Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último bimestre al menos cinco personas fueron "rescatadas" por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de distintos centros de rehabilitación contra las adicciones, los cuales no contaban con permisos de funcionamiento, detalló la institución en diferentes comunicados de prensa.
De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en el estado se tienen aproximadamente 295 centros registrados; sin embargo, la dependencia ha iniciado con la integración de un padrón único de éstos.
Durante la pasada administración municipal de Morelia fueron clausurados 17 centros de este tipo y otros 26 fueron infraccionados, por lo que durante este año se determinó no otorgar licencias a estos espacios por tiempo indefinido.
Desde el pasado mes de julio la Coepris inició con un programa de verificación de centros de rehabilitación y hasta ahora han sido revisadas las condiciones de 16 en los municipios de Morelia, Zamora y Jacona.
Entre las principales irregularidades o problemáticas que ha detectado la Coepris se encuentran el no tener aviso de funcionamiento, el sobrecupo de internos y malas condiciones de higiene, principalmente en áreas de preparación de alimentos.
En entrevista reciente, el director de Salud Mental, Carlos Alberto Bravo Pantoja, señaló la importancia de atender a las personas con algún tipo de adicción, o bien, prevenir que quienes no son adictos caigan en la dependencia de algún tipo de sustancia. Sin embargo, descartó que los centros de rehabilitación sean una buena opción para atender a las personas.
El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, “en cumplimiento a una orden de cateo”, se logró el aseguramiento de un hombre víctima de privación de la libertad personal en un centro de rehabilitación en Morelia; además de que el lugar fue clausurado por autoridades municipales, al no contar con los permisos necesarios.
De acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, el 31 de enero del presente año la víctima, de nombre Rogelio N., fue ingresada a un centro de rehabilitación en esta ciudad, el cual se encuentra bajo la dirección de Alondra “N”.
Pese a la solicitud de la madre de que le permitieran visitarlo, personal del lugar le negaba el acceso y tampoco le permitían salir al joven, por lo que la única forma de tener contacto con él era a través de videos. Por tal motivo la madre acudió a la FGE y, como resultado de la orden judicial, “se logró la localización y aseguramiento de Rogelio N., quien fue trasladado a las oficinas del Ministerio Público para su atención y resguardo”, detalló la FGE.
El 9 de septiembre la Fiscalía General dio a conocer una situación similar en otro centro de rehabilitación. Personal de la dependencia realizó un cateo en un inmueble que funcionaba como anexo en la colonia Sindurio, de Morelia, después de que se denunciara que una mujer fue ingresada a la fuerza dos días antes.
“El pasado 7 de septiembre, María G. caminaba por la avenida Torreón Nuevo cuando fue alcanzada por una camioneta de la que descendieron cuatro hombres, quienes la obligaron a subir para trasladarla a un inmueble habilitado como centro de rehabilitación”, explicó la institución.
En este caso el personal del lugar también se negó a que se valorara médicamente a la agraviada, así como a brindar información sobre el estado de salud de la misma, por lo que el sitio fue cateado.
“Como resultado de esta acción operativa se logró la localización de la víctima, misma que fue trasladada a las instalaciones de la FGE para su atención y resguardo. Asimismo, se encontró que dicho centro no contaba con un padrón de internos ni cumplía con los requerimientos y permisos necesarios de funcionamiento”, añadió la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Otro caso dado a conocer por la FGE ocurrió también el 7 de septiembre, cuando agentes ministeriales llevaron a cabo “diligencias en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Los Ángeles, en Morelia”.
Lo anterior, debido a que el 25 de agosto la madre de A.A.G.S., de 17 años, denunció la privación ilegal de la libertad de su hijo, quien presuntamente desde hacía un año se encontraba en dicho establecimiento bajo un tratamiento para las adicciones y no lo dejaban salir.
En ese lugar tampoco se le permitió el ingreso al personal de la GFE para realizar la valoración del adolescente, por lo que se solicitó la orden de cateo.
“Agentes de la Policía de Investigación acudieron al centro de rehabilitación con domicilio en la calle Fresno, donde aseguraron a A.A.G.S., quien fue trasladado a la Fiscalía General para su atención y resguardo. De igual forma, se localizaron hojas de ingreso de personas que no se encontraban en el lugar, además de que se identificó que el establecimiento no cuenta con un padrón actualizado de las personas internas”, detalló la FGE respecto a ese caso.
En agosto se documentó otro problema en un anexo; en ese caso se logró la liberación de dos hombres víctimas del delito de privación ilegal de la libertad.
Los familiares de las personas denunciaron ante la Fiscalía que los agraviados recibían malos tratos, comida en estado de descomposición y se encontraban bajo amenaza para no salir del centro de rehabilitación, ubicado en la Tenencia Morelos.
Una vez otorgada la orden de cateo, personal de la FGE y del Ejército Mexicano llevaron a cabo un operativo la madrugada del 28 de agosto, durante el cual se logró la liberación de Javier G. y Víctor Hugo M., “quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional para su atención y resguardo y continuar con los actos de investigación”, dijo la fiscalía.
rmr
