Michoacán: el rescate llegó cuando cambió el partido

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el régimen que lo instaló en el poder repiten hoy, con legítimo orgullo, que los homicidios dolosos han bajado. Los datos son reales, pero son el epílogo de una tragedia cuyo primer acto fue escrito en Palacio Nacional.

La respuesta de López Obrador ante las cámaras fue la síntesis perfecta del desdén: "No, porque no me corresponde". Tres años sin reunirse con el gobernador de un estado en llamas. En la historia del federalismo mexicano moderno, no hay precedente de semejante abandono institucional.

¿Cuántos michoacanos murieron en esos tres años mientras el presidente no tenía tiempo? El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 5,105 homicidios dolosos en Michoacán entre octubre de 2019 y septiembre de 2021. Cinco mil ciento cinco familias destruidas. Cinco mil ciento cinco razones para haberse reunido.

La segunda arma fue más silenciosa, pero igualmente mortal: el presupuesto. El gobierno de Michoacán acordó con la Federación un presupuesto para 2021. Lo que recibió fue algo muy distinto. El secretario de Finanzas estatal documentó que la federación recortó, ajustó, omitió y eliminó partidas hasta completar un faltante de 7,729 millones de pesos. Los recortes coincidieron exactamente con el periodo electoral.

Obviamente, se quería crear la imagen de un gobierno estatal colapsado para que el candidato de MORENA llegara como salvador. El "Plan de Apoyo Michoacán" sería una promesa de campaña financiada con el dinero de los mexicanos.

Los hechos confirman la hipótesis: ese plan fue presentado por Alfredo Ramírez Bedolla como parte de su propuesta electoral. Y AMLO lo designó coordinador de los programas sociales del plan antes de que ganara la elección. Es decir, el presidente utilizó recursos públicos para beneficiar a su candidato. Eso tiene un nombre: corrupción electoral. 7,729 millones de pesos recortados sin explicación, en año electoral, mientras el candidato morenista prometía reactivar Michoacán.

Por si fuera poco, si existe un símbolo que condensa el desastre es Aguililla. En la primavera de 2021, el Cártel Jalisco Nueva Generación tomó el control de ese municipio. A AMLO, cuando le preguntaron si iría a Aguililla, respondió que no quería "hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista". Cinco mil homicidios en dos años. Municipios en manos del crimen. Ciudadanos desplazados a la fuerza. Y la principal preocupación del Ejecutivo federal era la cobertura periodística.

El 1° de octubre de 2021, el día exacto en que Alfredo Ramírez Bedolla asumió la gubernatura con las siglas de MORENA, el gobierno federal ordenó el despliegue en Michoacán de 4,402 elementos del Ejército Mexicano, 4,990 de la Guardia Nacional y 7,500 policías. En total: más de 16,000 efectivos de seguridad.

¿Por qué no llegaron el 1° de enero de 2019? ¿Por qué no llegaron cuando Aguililla fue ocupada? ¿Por qué no llegaron cuando el gobernador los solicitó formalmente? ¿Por qué no llegaron cuando 5,105 personas fueron asesinadas?

La respuesta es sencilla e indignante: porque la seguridad de los michoacanos nunca fue el criterio. El criterio fue político. Los soldados no llegaron a proteger vidas; llegaron a blindar un triunfo electoral. Llegaron cuando el partido correcto ganó el estado y a marcar el contraste que hoy se presume alegremente.

Digámoslo claramente: este artículo no es una defensa de Silvano Aureoles: quien enfrenta cargos penales por el desvío de recursos en la construcción de cuarteles policiales. Está fuera del país. Hay indicios de que su huida pudo haber contado con el apoyo del crimen organizado. Esas investigaciones deben seguir su curso con plena autonomía judicial.

La corrupción del gobierno estatal y el abandono del gobierno federal no se cancelan entre sí.  Pueden coexistir. De hecho, en Michoacán, coexistieron.

Pero hay una diferencia esencial entre un gobernador que desvió recursos y un presidente que decidió dejar morir a un estado para ganarlo electoralmente. La primera es corrupción. La segunda es un crimen de Estado.

El gobernador Ramírez Bedolla tiene razón en exhibir con orgullo la reducción de homicidios en Michoacán. Es un avance real. Nadie sensato lo negaría.

Pero esa reducción se mide contra una línea de base que fue artificialmente inflada por tres años de abandono federal. Es como presumir haber apagado un incendio sin mencionar que quien presume también fue quien lo encendió.

Los 5 mil 105 michoacanos asesinados entre octubre de 2019 y septiembre de 2021 no eran estadísticas. Eran padres de familia en los aguacatales y en Tierra Caliente; eran jóvenes que querían estudiar en Morelia, eran mujeres en los mercados de Uruapan, eran jornaleros en los cerros de la Sierra-Costa. Tenían derecho a un Estado que los protegiera, federal y estatal por igual.

Por lo anterior, debe investigarse con la misma energía, tanto la corrupción del gobierno estatal anterior, como el abandono criminal del gobierno federal de aquel período, para que los michoacanos sepan la verdad completa. No la versión que conviene a MORENA, porque en este estado, donde el crimen organizado ha demostrado que puede prosperar cuando el poder político lo permite o lo ignora.  La mentira, mucho más que un vicio político es una amenaza a la seguridad pública.

¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!

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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente con licencia del PRI en Michoacán

RYE