El 22 de febrero de 2026 quedará grabado en la historia de México. El ejército mexicano abatió al narco michoacano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes —"El Mencho"— durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El Estado mexicano, con Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, apoyados por el gobierno de Estados Unidos logró lo que parecía imposible.
Los cárteles mexicanos reaccionaron con virulencia: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, ataques a gasolineras y comercios se registraron en 20 estados de la República. Guadalajara —que albergará partidos del próximo Mundial de Fútbol— se convirtió en ciudad fantasma mientras los civiles se refugiaban.
El mensaje del CJNG fue claro: aun sin su líder, la organización tiene capacidad operativa para paralizar a medio país. La batalla apenas comienza.
El gobierno debe desmantelar la estructura, no solo celebrar el corte de cabeza. Lo dije desde que se especulaba sobre el operativo, y lo reitero ante hechos consumados: detrás de cada capo del crimen organizado existe una red de protección política, por lo que la acción de la autoridad no debe limitarse al líder criminal. El abatimiento del Mencho sería insuficiente si no se desmantela la estructura de complicidades. Las instituciones de procuración de justicia deben investigar y sancionar a los políticos, funcionarios y operadores que construyeron el escudo de impunidad.
El abatimiento del Mencho tiene un peso político doméstico enorme. Quien más gana es Omar García Harfuch, quien construyó silenciosamente esta operación y ahora cosecha el mayor logro de seguridad en décadas, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien necesitaba autonomía respecto a la funesta herencia lopezobradorista del "abrazos, no balazos". Este operativo entierra simbólicamente ese lastre.
Quien pierde dentro de Morena es cualquier figura que haya tenido relación con el CJNG o con redes que lo protegían, enfatizando el caso de La Barredora en Tabasco, que era una franquicia local del CJNG en Tabasco. La acusación formal es que su verdadero líder era el propio Secretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez Requena —"El Comandante H"—, bajo el gobierno del ahora senador Adán Augusto López.
Lo que esto significa políticamente es que, si el Secretario de Seguridad de Tabasco era el "Comandante H" de una franquicia del CJNG, entonces el Mencho tenía brazos dentro del aparato de seguridad del estado natal del expresidente López Obrador, bajo una administración de Morena. Esto amerita investigación a fondo, incluyendo a sus vínculos con políticos michoacanos.
En la geopolítica, la Secretaría de Defensa Nacional confirmó que contó con "información complementaria" de las autoridades de Estados Unidos. El abatimiento del Mencho le permite a Trump presentar ante su base política un resultado tangible de su presión sobre México. Sin embargo, pierde en la medida en que el Mencho murió sin ser extraditado, sin revelar sus redes financieras y sin implicar a sus protectores políticos. Un Mencho vivo en una prisión federal de Illinois habría sido mucho más valioso. ¿A quién convenía que muriera antes de hablar?
Una vez más, los testigos clave fallecieron antes de ser deportados. Este patrón —ya documentado en otros asuntos criminales, incluyendo el magnicidio de Carlo Manzo— sugiere que existe una red de protección activa, dentro o fuera de las instituciones, con capacidad de alcanzar a personas bajo custodia. Si esto se confirma en el caso del Mencho, estamos ante un crimen de Estado encubierto.
Queda también por responder cómo un hombre con 15 millones de dólares de recompensa, perseguido por la DEA, el FBI, la Marina y el Ejército pudo permanecer libre en México durante más de una década. Obviamente: tuvo ayuda dentro del sistema.
También, qué pasará con sus redes financieras. El CJNG no es un cártel de esquina: mueve cocaína, fentanilo y metanfetamina a escala industrial hacia 50 estados de EEUU y a múltiples continentes. Sus ingresos estimados superaban los 12 mil millones de dólares anuales: están en cuentas, propiedades, empresas de fachada y en políticos comprados. Rastrearlo es tan urgente como celebrar el operativo.
Finalmente, queda la amenaza directa a la democracia local. La quema del vehículo de un presidente de comité municipal del PRI en Michoacán es un acto de terrorismo político que no puede quedar impune.
La respuesta del gobierno no puede ser un comunicado. Debe ser una estrategia de seguridad integral, visible, medible y auditada, que dé certeza a los mexicanos que ya viven bajo el miedo cotidiano del crimen organizado. El Mundial es una vitrina.
México tiene hoy una oportunidad que se presenta muy pocas veces: la de romper el ciclo. No basta con cortar la cabeza del monstruo, hay que asegurarse de que no vuelva a crecer. Y eso significa tocar los intereses más poderosos, en las instituciones más altas, con la valentía que la historia está demandando.
¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente con licencia del PRI en Michoacán
