Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Sandra Arreola Ruíz, del PVEM e integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, manifestó que la propuesta enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para la desincorporación de 34 predios e inmuebles del patrimonio estatal será analizada con sumo cuidado y responsabilidad en el Congreso de Michoacán. El proyecto, enlistado en el punto 35 del orden del día de la sesión ordinaria, busca liberar activos improductivos para destinarlos a inversión pública productiva y transferencias estratégicas, aunque la legisladora ha insistido en la necesidad de revisar cada caso particular.

Esta iniciativa se enmarca en una visión de gestión patrimonial moderna, donde los activos estatales deben optimizarse para generar el mayor valor social posible, evitando la inmovilización de recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud o educación. La propuesta contempla tanto la enajenación para inversión como la transferencia de bienes ya utilizados materialmente por otras entidades públicas, como el propio Poder Legislativo o los ayuntamientos.

La postura de la diputada Arreola fue de cautela y análisis, descartando un apoyo automático o un rechazo total a la iniciativa. Destacó que existen razones justificadas para proceder con la desincorporación en ciertos casos, mencionando el ejemplo de una escuela en Coahuayana que no puede acceder a recursos federales para mejorar su infraestructura por no tener la propiedad formal del predio.

Arreola Ruíz también mencionó otros casos que requieren un escrutinio detallado, como un predio en Morelia ocupado por una gasolinera que paga una renta mensual desactualizada, o inmuebles como el hotel Gran Cantalagua, donde el Estado recibe rentas que podrían ser mayores. Esto refuerza la necesidad de evaluar la conveniencia de vender o renegociar contratos antiguos que ya no se ajustan a la realidad urbana o económica actual.

La legisladora enfatizó que la decisión final no será política, sino técnica y responsable, buscando un equilibrio entre la disciplina financiera y el beneficio social. Si bien se busca eficientar el gasto y evitar arrastrar déficits, el principio democrático y la función social de los bienes deben primar sobre los ahorros económicos marginales.

En relación con la coordinación institucional, Arreola indicó que, si bien ya se había comentado el tema con el gobernador al inicio del año, sería importante una explicación más puntual por parte del secretario de Administración y Finanzas ante la Comisión dictaminadora, antes de que el pleno tome una decisión final sobre la totalidad de los 34 casos.

RPO