Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La realidad del activismo animalista en Michoacán ha quedado crudamente expuesta tras la reciente intervención en un inmueble en Galeana, donde se rescataron decenas de animales en condiciones deplorables. Ante este panorama, la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde, reconoció públicamente la crisis económica que enfrentan los rescatistas independientes y las asociaciones serias que dedican su tiempo y recursos a la protección de la fauna local.
La magnitud del caso de Galeana, que implicó la remoción de toneladas de basura, heces y el hallazgo de animales en estado de hacinamiento extremo, ha servido como catalizador para visibilizar el esfuerzo heroico, pero financieramente insostenible, de estos grupos. Los rescatistas, quienes trabajaron durante días en condiciones insalubres, fueron elogiados por la legisladora por su dedicación, pero también por su capacidad para actuar con paciencia y respeto hacia los animales traumatizados.
Se estima que el gasto promedio para la atención básica de un perro rescatado oscila entre los $1,200 y $1,500 pesos, lo que incluye esterilización, vacunas, alimentación y cuidados médicos iniciales. Para rescatistas independientes, como Sandra Juárez, quien atiende a 14 perros en su propio domicilio, estos gastos resultan abrumadores y no pueden sostenerse únicamente de donativos esporádicos.
La diputada Arreola señaló que, si bien es fundamental el trabajo de la Fiscalía para empezar a tipificar y actuar contra el maltrato animal de manera legal, también es imperativo que las autoridades brinden un apoyo institucionalizado a quienes realizan esta labor de primera línea. La falta de reconocimiento y apoyo económico obliga a estos ciudadanos a recurrir a esfuerzos extraordinarios, como la venta de mercancía, para solventar gastos básicos como agua y luz en los albergues improvisados.
La legisladora hizo un llamado a la formalización y la seriedad en el sector, proponiendo la creación de un padrón o registro oficial para las asociaciones. Esto busca diferenciar a los rescatistas genuinos de aquellos que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en "acumuladores de perritos" en condiciones insalubres, lo cual también constituye maltrato y crueldad animal.
La necesidad de un marco de apoyo institucional se vuelve crítica, pues los rescatistas actúan en un vacío legal y financiero. La diputada destacó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad social en esta materia.
"Yo creo que sí tiene que haber un padrón y una, por decir así, alguna visita o alguna certificación de que sí cumplen con el mínimo indispensable o profesional para poder ser un refugio temporal", afirmó, buscando replicar modelos exitosos de otras entidades para asegurar el bienestar animal bajo principios de profesionalismo.
El caso de Galeana no solo destapó un foco de crueldad, sino que puso en relieve la fragilidad del sistema de rescate voluntario en Michoacán. La promesa de la diputada Arreola es impulsar mecanismos que garanticen que el amor por los animales se traduzca en un apoyo estructural que permita a los rescatistas serios continuar su labor sin caer en el colapso económico.
BCT
