AHOLIBAMA ANDRADE
Michoacán

René Bolio, presidente de la CMDH, destaca crisis de seguridad pública y su impacto en los derechos humanos

Aholibama Andrade

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), ofreció una conferencia dirigida a estudiantes, en la que abordó el tema del derecho humano a la seguridad pública.

Durante su intervención, realizada en uno de los auditorios de la institución, Bolio Halloran expuso el panorama actual en materia de seguridad pública, tanto a nivel estatal como nacional, destacando la crisis que enfrenta el país en este rubro.

En entrevista para MiMorelia.com, el presidente de la CMDH señaló lo siguiente: “El tema más candente en el país, y sobre todo aquí en Michoacán, es la seguridad. Especialmente la seguridad pública. Tenemos una crisis y es necesario analizar también desde el enfoque de los derechos humanos y de la responsabilidad del Estado mexicano, que no está cumpliendo con su obligación (...)”.

Asimismo, indicó que los derechos humanos de la población se han visto degradados, situación que se refleja en los niveles de inseguridad. Esta problemática —comentó— afecta diversos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a no ser torturado, a tener una vida digna, a la libertad de tránsito y a la libertad de expresión, tanto para ciudadanos como para especialistas; también mencionó que las libertades políticas se encuentran severamente afectadas. Todo esto —explicó— genera no solo una percepción de inseguridad, sino una afectación directa a múltiples derechos humanos esenciales.

El especialista destacó que la seguridad pública constituye un eje central que articula el ejercicio de muchos otros derechos humanos, los cuales deberían estar garantizados por el Estado. Sin embargo, consideró que actualmente este es el principal motivo de preocupación para la ciudadanía.

En este contexto, Bolio Halloran expresó que, desde el gobierno federal, no se han implementado las medidas necesarias para combatir la inseguridad desde sus raíces.

A esta situación se suma la alta tasa de impunidad. Subrayó que, a nivel nacional, alrededor del 97 % de los delitos no se denuncian ni se investigan, una cifra que calificó como alarmante, pues indicó que, incluso con solo el 3 % de los delitos siendo perseguidos, las cárceles se encuentran saturadas.

Ante esta realidad, enfatizó la importancia de fortalecer la cultura de la denuncia y de no normalizar la violencia. Por consiguiente, mencionó ejemplos de conductas que deben dejar de considerarse “cotidianas” o inevitables, como la presencia de retenes ilegales, el cobro de piso, amenazas, el cambio forzado de uso de suelo y otras actividades delictivas.

“El estado de derecho debe garantizarse, y para ello cada individuo e institución debe cumplir con su responsabilidad. El Estado, en particular, debe ser obligado a ejercer su función mediante sus cuerpos de seguridad, no solo en tareas preventivas, sino también educativas”
apuntó

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para no fomentar ni justificar actos delictivos, a reforzar el núcleo familiar como base de la sociedad, a ser más solidarios con las víctimas y a exigir que el Estado cumpla con su deber. Solo así —concluyó— se podrá avanzar hacia la reducción de la impunidad y la recuperación del derecho a la seguridad pública.

RPO

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