Violencia política en razón de género
Por M. en D. Marisol Regalado Moreno
La violencia de género en Michoacán, al igual que en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guanajuato, persiste como un problema grave que afecta a mujeres de diversas edades y contextos sociales. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se considera violencia cuando las agresiones se dirigen hacia una mujer precisamente por su condición de mujer, ya sea por lo que representa simbólicamente o por los estereotipos y roles tradicionalmente asignados a lo femenino. En este marco, cuando dichas agresiones se relacionan con la vida pública y el ejercicio de derechos políticos, se configura la violencia política en razón de género.
A pesar de los avances en el marco jurídico mexicano que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres, este tipo de violencia no ha disminuido; por el contrario, ha ido en aumento. Tan solo entre 2020 y enero de 2025, el INE recibió 1,223 denuncias formales por violencia política de género en todo el país.
Frente a este panorama, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha impulsado programas sociales para combatir la violencia, a través de instituciones como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer). Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con mecanismos para atender casos de violencia contra las mujeres, ofreciendo medidas de protección y atención especializada. De igual manera, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) brindan servicios integrales a las víctimas.
En este contexto, el 30 de mayo de 2025 se anunció una inversión de más de 6.1 millones de pesos dentro del Proyecto MUJERES/AVGM/MICH/003/2025, orientado al fortalecimiento de acciones de prevención y atención de la violencia feminicida. De esa suma, 4.1 millones provienen de recursos federales otorgados por la Secretaría de las Mujeres, mientras que el gobierno estatal aporta 2 millones. El convenio fue formalizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de ese mismo año.
Las acciones contempladas incluyen brindar asistencia jurídica, psicológica y de trabajo social a las víctimas y a sus hijas e hijos; reforzar los Centros de Justicia Integral para las Mujeres en Zamora y Morelia; capacitar a servidores públicos en el uso del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM); implementar programas de reeducación para agresores; prevenir la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas; así como sensibilizar a mujeres indígenas, policías municipales, transportistas y guardias comunitarios (kuarichas).
En conclusión, la violencia de género no solo perjudica a las mujeres en su esfera individual, sino que también vulnera los principios democráticos, al limitar la pluralidad, la representación y la participación política en condiciones de igualdad.
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