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Michoacán

Poder Judicial de Michoacán se alista para nuevo Código Civil

Boletín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán avanza firmemente hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2027. Para ello, se conformó una comisión multidisciplinaria que tendrá a su cargo la planeación y coordinación de esta transición histórica en materia judicial.

Este nuevo órgano da continuidad a los trabajos iniciados por el grupo creado por el extinto Consejo del Poder Judicial de Michoacán, integrado por magistrados, jueces y consejeros que previamente elaboraron un Plan de Trabajo Marco con el fin de cumplir con esta encomienda federal.

La comisión quedó integrada por perfiles clave del Poder Judicial: Magdalena Monserrat Pérez Marín, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial; Gabriela Manzo Ortiz, magistrada de la Primera Sala Civil Colegiada de la región Morelia; Omar Alexandro Negrón Villafán, del Órgano de Administración Judicial; Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial; y Vanessa Mirelle Ayala García, directora de Planeación Institucional.

También participan Brenda Mariana Jiménez Castillo, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa; José Alfredo López Salgado, director del CEDETIC; Alán Juan Rodríguez Manríquez, director de Administración; Carolina Contreras Coria, jueza Octavo Civil de Morelia; Julio Carrizales Torres, juez Segundo Oral Familiar de Morelia; y Luz de Guadalupe Salas Conde, coordinadora de Desarrollo de Software del CEDETIC.

En fechas próximas, se designará a una persona coordinadora que recopilará información estadística de los Juzgados de Primera Instancia en materia civil y familiar de todo el estado, a fin de sustentar técnicamente la estrategia de implementación.

En atención a la política de austeridad vigente, la participación de las y los integrantes será de carácter honorífico, sin generar remuneraciones adicionales, en respeto al uso eficiente de los recursos públicos.

RPO

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