Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le bastaron 25 minutos para elegir de la lista de 10 perfiles mejor evaluados los tres que conformarán la terna para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) y que se votará este domingo 27 de julio a las 17:00 horas en el Pleno del Congreso de Michoacán.

La terna está conformada por:

• Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete

• Carlos Torres Piña

• Salvador Sánchez Suárez

El dictamen de la comisión de Justicia del Congreso, copia en poder de MIMORELIA.COM, señala las características de los tres postulantes que serán votados por las y los diputados. En este sentido, se pueden destacar las siguientes características -académica y de sus proyecto de trabajo- de los integrantes de la terna

1. Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete: Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, cuenta con dos maestrías y cursos especializados en el nuevo sistema de justicia penal. Su propuesta plantea una Fiscalía con enfoque preventivo, restaurativo y retributivo. También propone fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos y robustecer la carrera ministerial. Se autoadscribe como parte de la comunidad LGBTQ+ e indígena mixteco.

2. Carlos Torres Piña: Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la UMSNH; maestrante en Ciencia Política y Derecho Electoral. Cuenta con formación complementaria en temas jurídicos y electorales. Su propuesta de trabajo la basó en siete ejes estratégicos: la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia, la participación ciudadana, la transparencia y la incorporación de tecnología. Plantea articular la Fiscalía con instancias federales, estatales, municipios y pueblos originarios.

3. Salvador Sánchez Suárez: Licenciado en Derecho por la UNAM, con dos doctorados en Derecho Penal Constitucional y en Derechos Humanos, así como una maestría en juicios orales. Con amplia experiencia en asesoría jurídica en materia de seguridad pública y sistema penitenciario, así como en las áreas de derecho penal, constitucional y derechos humanos. Propone la creación de unidades élite de investigación y la modernización de la gestión mediante plataformas digitales seguras.

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