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Indispensable, una reforma electoral previo al 2027: INE Michoacán

Que atienda los problemas derivados de la elección judicial, el objetivo

Mario Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no se impulsa una reforma electoral integral, consensuada y técnicamente fundamentada, las elecciones concurrentes de 2027 enfrentarán una complejidad organizativa y legal que puede comprometer la operatividad y confiabilidad de los comicios, advierte el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo.

“[…] sin lugar a dudas lleva una complejidad e inclusive un incremento sustancial de costos, porque esto implicaría dos mesas directivas de casilla, una con partidos, otra sin partidos, las dos necesariamente con mamparas, con urnas, con funcionarios, con capacitadores, asistentes electorales, con líquido indeleble, con marcadoras de credencial, todo eso cuesta y generaría las complicaciones que ya referí, por ejemplo, en la construcción de los resultados electorales, eso sí sería muy complicado. (También) una doble convocatoria ciudadana y que a lo mejor nos da un indicativo lo que pasó en Veracruz y Durango […]”.

Durante su análisis sobre las elecciones judiciales celebradas este año, Delgado Arroyo fue enfático al señalar que el proceso se realizó de manera vertiginosa, sin el tiempo mínimo de reflexión y análisis para su implementación, como lo marca el artículo 105 constitucional. A diferencia de otros procesos donde se aplican reformas con al menos 90 días de anticipación, en este caso, el andamiaje jurídico se construyó con el proceso en marcha.

A este escenario jurídico complejo, dijo, se sumó una severa limitación presupuestal. El INE operó con recursos mínimos, lo que dificultó tareas esenciales como la capacitación, la instalación y equipamiento de casillas, y la logística general de las elecciones. “Se nos exigió operar con calidad, pero con insumos mínimos”, afirmó.

Uno de los mayores problemas en los pasados comicios judiciales fue la operatividad de los llamados comités de evaluación encargados de seleccionar a los candidatos. A diferencia de los partidos políticos, estos comités entregaron al Senado únicamente listas de nombres sin documentación ni contacto alguno, lo que dejó al INE sin herramientas mínimas para verificar requisitos legales y organizar adecuadamente la elección.

El vocal del INE relató que incluso fue necesario buscar a los candidatos por redes sociales, “stalkearlos”, ante la falta de expedientes formales. Esta situación provocó que el instituto fuera injustamente responsabilizado por deficiencias que no estaban bajo su control.

“Pero lo más grave es que todavía el INE le requiere al Senado los expedientes y el Senado se niega; tuvo que haber una instrucción, una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llegó hasta fines de mayo, para que entregaran los expedientes el Senado de la República. Ya nada de la elección”.

Por esta razón propuso la creación de un cuarto comité de evaluación, con representantes de la sociedad civil, colegios de abogados y universidades, para fortalecer la legitimidad de las candidaturas judiciales y permitirles incluso defender sus postulaciones ante la ciudadanía en medios y foros públicos.

Otro aspecto alarmante fue la ausencia de representación de las candidaturas en las mesas de casilla y consejos electorales. Con cientos de aspirantes sin estructura partidista detrás, resultó imposible garantizar vigilancia y defensa del voto en campo, generando un vacío de representación que impactó directamente en la confianza del proceso.

El funcionario electoral también alertó sobre el “exceso de boletas y decisiones” que enfrentó la ciudadanía. En ciudades como Morelia, dijo, los votantes recibieron hasta 12 boletas y tuvieron que tomar 96 decisiones en un solo ejercicio democrático. “Esto es pedagógicamente inviable y electoralmente riesgoso”, explicó.

Y justamente de esta complicación surgió un conflicto: las llamadas “guías de votación” o “acordeones”, utilizados por la ciudadanía ante la complejidad del proceso. Aunque legítimos como herramientas de orientación, podrían abrir la puerta a su uso en elecciones “tradicionales” si no se regulan adecuadamente.

En ese sentido, sugirió discutir si todos los cargos judiciales deben ser electos mediante voto popular o si conviene adoptar un modelo mixto, en el que ciertos puestos se asignen por carrera judicial y otros por elección, reduciendo la carga informativa y logística.

Finalmente, Delgado Arroyo subrayó la importancia de que toda reforma electoral surja del diálogo abierto entre todos los actores políticos. Rechazó cualquier intento de reforma unilateral o polarizante y sugirió establecer un candado legal que impida hacer cambios sustanciales en plena ruta electoral. “Necesitamos una reforma seria, técnica y respaldada por una mayoría calificada para cuidar la democracia”, sentenció.

rmr

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