Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Exfuncionarios estatales, municipales y del Poder Judicial mantienen adeudos superiores a los 600 millones de pesos por irregularidades y presuntos actos de corrupción detectados durante su gestión pública.

De acuerdo con el informe de inhabilitaciones de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán, 97 exservidores públicos se encuentran sancionados con periodos que van desde tres meses hasta diez años, debido a diversas faltas administrativas.

Sin embargo, las inhabilitaciones representan apenas una parte del problema, ya que los mismos funcionarios acumulan 621 millones de pesos por concepto de “reintegro” al erario estatal. Estas cantidades derivan de observaciones por incumplimiento de la normatividad presupuestal, negligencia administrativa, violaciones a los procedimientos de contratación, omisiones en la declaración patrimonial e incluso presuntos casos de cohecho y extorsión.

La Contraloría estatal advirtió que el monto total podría rebasar los mil millones de pesos, dado que muchos de los sancionados han promovido recursos legales o amparos para evitar la aplicación de las sanciones administrativas. Esta situación impide que las cifras finales se reflejen por completo en la plataforma pública de transparencia.

De los 97 exfuncionarios inhabilitados, solo 27 cuentan con procedimientos formales de reintegro, pese a que todos fueron señalados por irregularidades específicas en el manejo de recursos.

Entre los casos más representativos destaca el del extesorero del Gobierno de Michoacán, Miguel López Miranda, quien desde hace casi una década mantiene un adeudo superior a 570 millones de pesos que, hasta la fecha, no ha sido reintegrado a las arcas estatales.

Otro caso que resalta es el de Arania Lizeth Madrigal Cárdenas, inhabilitada desde 2017 en un procedimiento que se resolvió hasta 2024. El expediente DNR-PAR-383/2017 determina que la exfuncionaria de la Secretaría de Educación de Michoacán deberá reintegrar más de 6 millones 19 mil pesos por concepto de “negligencia administrativa, violación a los procedimientos de contratación y violación a las leyes de normatividad presupuestal”.

SHA