Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En menos de dos semanas, Michoacán ha sido escenario de dos asesinatos de presidentes municipales: la alcaldesa de Tepalcatepec y el alcalde de Tacámbaro. Estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una creciente espiral de violencia que ha alcanzado, en otros momentos, a municipios como Contepec, Aguililla, Churumuco y Cotija, evidenciando el desamparo institucional en el que operan muchos gobiernos locales, coincidieron especialistas en temas de seguridad.
Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en seguridad, califica el trabajo municipal como un “deporte extremo” ante la ausencia de control estatal y el dominio territorial del crimen organizado. Las autoridades locales son vulnerables no solo por la amenaza directa de los cárteles, sino por la infiltración sistemática en estructuras de gobierno, seguridad y economía.
Comenta que los municipios de Tacámbaro y Tepalcatepec, claves en el tránsito hacia Tierra Caliente y la costa michoacana, se han vuelto zonas de alta disputa entre organizaciones criminales. La autoridad estatal ha sido rebasada, y la federal no ha logrado implementar una estrategia eficaz para contener el avance de estas organizaciones. Recuerda que, al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se había asumido el compromiso de erradicar el delito de extorsión en la región durante sus primeros cien días, pero hasta ahora “duerme el sueño de los justos”.
Teresa Torres Aguilar, consultora en seguridad y ciudadanía, alerta sobre la narrativa oficial que minimiza o incluso justifica los asesinatos, aludiendo a supuestos vínculos de las víctimas con grupos criminales. Para ella, esta criminalización a priori no solo desprotege a los funcionarios, sino que perpetúa la impunidad y normaliza la violencia. “Pasa todo y no pasa nada”, resume con preocupación.
Ambos especialistas coinciden en que el problema no es solo la sofisticación y endurecimiento de las estrategias del crimen organizado —drones, minas terrestres, entrenamiento de exmilitares extranjeros—, sino la degradación institucional. Sin inteligencia operativa ni coordinación eficaz, el Estado ha cedido terreno. En muchos municipios ni siquiera hay una fuerza policial funcional, operativa y confiable que proteja a la población o a sus propias autoridades.
Frente a este escenario, algunos alcaldes buscan destacar por vías controversiales, como el caso del edil de Uruapan, Carlos Manzo, quien opera con escoltas, patrullas, helicóptero y hasta una “guardia del sombrero”. Para Alberto Guerrero, esta estrategia es ineficaz y fuera del marco legal, mientras que Teresa Torres advierte sobre el riesgo de sustituir justicia institucional con “justicieros” carismáticos que no resuelven el problema de fondo y, por el contrario, confunden a la población.
Desde Morelia, el alcalde Alfonso Martínez ha pedido a la Federación que garantice la seguridad de los ediles. Sin embargo, el problema no se resuelve blindando camionetas y rodeándose de escoltas, como lo hacen algunos ediles; se necesita una reforma profunda al Sistema Nacional de Seguridad Pública, profesionalización policial y control de confianza riguroso.
Es enfática cuando menciona que los gobiernos locales no pueden solos, pero tampoco deben cruzarse de brazos esperando que los salve una narrativa mesiánica. “Necesitamos justicia, no justicieros”, concluye Teresa Torres. Es decir, instituciones sólidas, policías capacitadas, ciudadanía activa y voluntad política para frenar el colapso.
Mientras tanto, la ciudadanía michoacana sigue cargando el costo de una violencia que no cede, en un estado donde ejercer autoridad puede costar la vida.
rmr