Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha avanzado significativamente en el seguimiento a las más de 100 denuncias presentadas por Carlos Manzo por presuntas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Uruapan, mientras que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) continúa el proceso de fiscalización municipal del periodo 2024.

Mientras la Fiscalía ya judicializó uno de los casos y prepara la audiencia inicial programada para el 9 de diciembre, la ASM trabaja en la fiscalización del ejercicio que abarca el último año de Ignacio Campos y el inicio del gobierno de Carlos Manzo, para analizar a detalle el uso de recursos durante ambos periodos municipales. Los titulares de ambas instituciones aseguran que el caso avanza con rigor técnico y sin pausas, sin importar el contexto político y de seguridad que rodea a Uruapan.

La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, explicó que las denuncias presentadas por el ayuntamiento están organizadas en cuatro carpetas de investigación. En una sola de ellas, dijo, se agrupan 81 expedientes, todos relacionados con presuntas condonaciones irregulares de licencias comerciales, permisos de giros rojos y trámites de construcción. La funcionaria explicó que estas acciones, en caso de confirmarse, habrían generado pérdidas para el municipio y posibles afectaciones al patrimonio público.

Entre los señalamientos, comentó, figuran casos de condonaciones totales y parciales en pagos que debieron ingresar a la Tesorería Municipal, así como la presunta omisión de registrar recursos derivados de autorizaciones de funcionamiento o construcción. De confirmarse, la conducta encuadraría en delitos relacionados con sustracción o desvío de recursos públicos, una irregularidad que ya llevó a la Fiscalía a solicitar audiencia de vinculación a proceso contra uno de los implicados.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción ya abrió las investigaciones y ha intentado mecanismos de mediación, Sánchez Zamudio confirmó que, en al menos una de las carpetas, ni el ayuntamiento ni el imputado aceptaron mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto obligó a la dependencia a judicializar el caso. La audiencia inicial se realizará el 9 de diciembre, fecha coincidente con el Día Internacional contra la Corrupción, lo que añade simbolismo al avance del proceso.

En tanto, la Auditoría Superior de Michoacán aclaró que ninguna de estas denuncias fue presentada directamente ante ese órgano técnico, como se difundió inicialmente. Su titular, Marco Bravo Pantoja, precisó que la ASM mantiene en curso la fiscalización del ejercicio 2024, periodo que incluye meses tanto de la administración de Carlos Manzo como de la anterior encabezada por Ignacio Ocampo. Los resultados serán dados a conocer en los informes individuales y generales de fiscalización del próximo año.

El auditor destacó que, aunque la ASM no investiga estas denuncias específicas, sí colabora institucionalmente con la Fiscalía y está preparada para presentar sus propias denuncias si sus auditorías detectan irregularidades. Recordó que Uruapan, por ser el segundo municipio más grande del estado, maneja un presupuesto considerable y en constante escrutinio ciudadano, lo que exige estrictos controles en el uso de los recursos.

Las dependencias involucradas han reiterado que el avance de los expedientes no se ha detenido a pesar del asesinato de Carlos Manzo, que ha generado tensión en el ambiente político y en el municipio. La Fiscalía mantiene equipos dedicados exclusivamente a la integración de las carpetas de investigación, mientras que la ASM refuerza la revisión financiera de los periodos auditables para evitar vacíos que puedan favorecer la impunidad.

El caso también ha abierto una discusión estatal sobre la vulnerabilidad de las áreas municipales encargadas de otorgar licencias, permisos y certificaciones, históricamente señaladas por el riesgo de prácticas discrecionales. Las denuncias de Uruapan apuntan precisamente a estas áreas, lo que explica el interés público y mediático que el expediente ha generado.

Con la audiencia judicial en puerta, los resultados preliminares de la auditoría próximos a revelarse y la exigencia ciudadana de esclarecer las presuntas irregularidades, el caso Uruapan se perfila como uno de los procesos anticorrupción más relevantes del cierre de año. Su desenlace marcará un precedente para la vigilancia del uso de recursos públicos en los municipios michoacanos.

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