Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El recién ratificado secretario de la Contraloría de Michoacán, Francisco Ramírez Torres, confirmó que la Secretaría a su cargo ha intervenido formalmente como víctima en el procedimiento judicial iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros exfuncionarios. Este caso, que involucra presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, sigue su curso judicial, a pesar de las dificultades para concretar la captura de todos los implicados.
El contexto de la investigación se centra en el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos que estaban destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal durante la administración de Aureoles (2015-2021). El procedimiento judicial, que se lleva a cabo ante la FGR, ya cuenta con cuatro órdenes de aprehensión cumplimentadas, aunque la captura de algunos exservidores públicos, incluido el exgobernador, aún no ha sido posible, lo que ha llevado a que Aureoles sea considerado prófugo de la justicia.
El contralor Ramírez Torres detalló la colaboración de su dependencia como "parte coadyuvante" y está muy atenta y participando activamente con la FGR. En respuesta a la pregunta sobre el número de personas involucradas en el proceso judicial, el funcionario indicó que son cuatro implicados, "incluyendo al personaje" (en referencia a Aureoles).
Uno de los aspectos clave que aborda la Contraloría es la reparación del daño al erario. El secretario explicó que, dentro de sus facultades, la dependencia no solo resuelve y sanciona las faltas administrativas, sino que también pide la recuperación de los bienes o recursos investigados.
"Dentro de las facultades que tiene la Contraloría también está la de resolver y pedir que se haga una reparación no tanto del daño sino la recuperación de alguno de lo que se está investigando".
Ramírez Torres aclaró que el patrimonio no queda simplemente "dañado", sino que la resolución impone una sanción que obliga a la recuperación de los activos. Una vez que las resoluciones administrativas quedan firmes, la Contraloría notifica a la Secretaría de Finanzas para que esta inicie un procedimiento coactivo de cobro contra el servidor público o exservidor público en cuestión.
A pregunta expresa respecto a la supuesta entrega de camionetas compradas con recursos públicos a la Arquidiócesis de Morelia, el secretario indicó que es un tema bajo investigación. Aseguró que, para hacer declaraciones oficiales o hablar de presunciones, la Contraloría necesita sustentar todo con pruebas obtenidas de manera lícita, solicitando información directamente a las entidades involucradas como la diócesis o CARPE.
Sobre la naturaleza de la irregularidad en el caso de las camionetas, se planteó que si los vehículos, destinados a seguridad pública, fueron entregados a una asociación civil como la Iglesia, esto configuraría el delito de desvío de recursos. Aunque el monto específico de este desvío y el número exacto de camionetas (se mencionaron unas cuarenta) están en proceso de confirmación documental, la presunción apunta a un uso indebido de fondos estatales.
Finalmente, en relación con el grueso de la investigación de los 13 mil millones de pesos bajo escrutinio, el contralor señaló que aproximadamente 3 mil millones corresponden al caso de los cuarteles, que es donde se concentra la mayor parte de la indagatoria contra el exgobernador.
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