Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue reportado como desaparecido el pasado 27 de octubre en Tultepec, Estado de México.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la FGJEM el 22 de noviembre, María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso con agravantes, además del delito de desaparición cometida por particulares, luego de que un juez determinara la existencia de pruebas suficientes para iniciar el proceso judicial en su contra.
El sacerdote, de 43 años, fue localizado sin vida en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, también en el Estado de México. Según las investigaciones, habría sido trasladado sin vida en bolsas negras y atado a un sillón, tras haber sido agredido en un domicilio de Tultitlán, donde convivió con los presuntos implicados consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.
“Se tiene por acreditado tanto la probable intervención como la conducta que los agentes activos desplegaron a efecto de materializar la conducta delictiva”, establece el boletín de la FGJEM.
Las autoridades judiciales indicaron que Brandon Jonathan “N” habría golpeado a la víctima, provocándole lesiones fatales, mientras que María Fernanda “N” habría participado en la limpieza del lugar y la ocultación del cuerpo. A ellos se suma una tercera implicada, Fátima Isabel “N”, pareja sentimental de uno de los acusados, cuyo proceso judicial también está en curso.
Durante el cateo realizado el 9 de noviembre en el inmueble señalado, se encontraron prendas de la víctima, objetos punzocortantes, una estola sacerdotal, rastros hemáticos y otras evidencias que fortalecen la imputación.
La FGJEM advirtió que el delito de homicidio doloso, en su modalidad agravada, puede alcanzar penas de hasta 70 años de prisión, mientras que el delito de desaparición forzada cometida por particulares puede sancionarse con hasta 50 años, de acuerdo con la legislación federal.
Por el momento, se dictó prisión preventiva para los imputados y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Las autoridades recordaron que las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se dicte una sentencia firme en su contra.
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