Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no tiene facultades para imponer multas relacionadas con condiciones sanitarias, higiene o manejo de alimentos en establecimientos de ningún estado del país.
La dependencia federal informó lo anterior a través de un comunicado de prensa, luego de que se difundieran declaraciones que generaron confusión entre comerciantes y consumidores.
La polémica surgió después de que el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico, Tamaulipas, señalara que los negocios que vendieran tortillas en hieleras o las transportaran en motocicletas podrían enfrentar multas de hasta cuatro millones de pesos, de acuerdo a Informador.
Ante esta situación, la institución federal precisó en su posicionamiento: “Profeco, imposibilitada para multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos”.
En el mismo documento se explica que la Procuraduría no cuenta con atribuciones para sancionar a proveedores por temas sanitarios, por lo que estas acciones corresponden a otras autoridades.
La dependencia señaló que su labor se enfoca en garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, además de brindar orientación tanto a proveedores como a las personas consumidoras.
Como parte de sus acciones en el sector de la tortilla, la Profeco recordó que mediante el Acuerdo Maíz-Tortilla mantiene un monitoreo de precios en más de 600 tortillerías dentro del programa Quién es Quién en los Precios.
Además, supervisa que los establecimientos tengan los precios visibles y que estos se respeten, y realiza calibraciones de básculas para asegurar que los productos se vendan en kilos completos.
También verifica el cumplimiento de disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, relacionada con productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que su objetivo es proteger a las personas consumidoras y promover prácticas comerciales transparentes, pero no sancionar condiciones sanitarias en la venta de alimentos.
RYE