Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Salinas deberá cubrir en enero de 2026 un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los últimos recursos legales interpuestos por las empresas del grupo, confirmó el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.
Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el funcionario explicó que con esta resolución se agotaron todas las instancias de impugnación, por lo que la autoridad fiscal está obligada a continuar con el procedimiento de cobro, conforme al Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con la explicación presentada, entre 2013 y 2018 el SAT determinó, mediante resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, al considerar improcedentes las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas.
Posteriormente, dichas resoluciones fueron impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los adeudos. Más adelante, los casos llegaron al Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados, en 2024 y 2025, negaron el amparo solicitado y ratificaron las resoluciones previas.
Finalmente, las empresas acudieron a la SCJN, última instancia legal, la cual el pasado 13 de noviembre desechó las impugnaciones, dejando firmes las sentencias de los tribunales y confirmando de manera definitiva la actuación del SAT.
El titular del organismo recaudador señaló que, en caso de que exista intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, dependiendo del esquema y orden de pago, conforme a la ley y a las sentencias judiciales.
En este contexto:
Se confirma que el adeudo fiscal es definitivo.
La autoridad fiscal procederá con el cobro en enero de 2026.
Se recordó que, conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución, todas las personas y empresas están obligadas a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
BCT