Morelia, Michoacán (Boletín).- Al declararse la inconstitucionalidad de las fotomultas en nuestro país, se confirma que el congreso del estado actuó con seriedad y prevaleció el criterio de anteponer los derechos de los ciudadanos, como el de audiencia y el debido proceso, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Wilfrido Lázaro Medina.
"Recordemos que el gobierno municipal de Morelia, había propuesto la fotoinfracción o fotomulta, sin embargo, el pleno del congreso realizó la modificación al artículo 71 de la Ley de Tránsito del Estado para dejar como únicos facultados para emitir una infracción a los agentes autorizados del Estado que se identifiquen debidamente", señaló el legislador tricolor.
Precisó que en su momento tras un profundo análisis se consideró fundada y motivada, la propuesta del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, en donde se deja la facultad de determinar las infracciones a los reglamentos, a los agentes del Estado en materia de tránsito y vialidad, en presencia del automovilista.
Se privilegió la garantía de audiencia del afectado, dijo el diputado del PRI, al recordar que la medida promovida por el gobierno municipal de Morelia priorizaba las ganancias o recaudación de las autoridades frente a la seguridad jurídica del ciudadano.
Lázaro Medina, subrayó que antes de darle herramientas al estado y los municipios para aplicar lo que ahora se ve con mayor claridad sólo es una medida recaudatoria que no cumple con el fin real de prevenir accidentes, pues no conlleva una estrategia de información sobre los reglamentos municipales, así como la señalética horizontal y vertical, se requiere efectuar una campaña integral educación vial.
Afirmó que es fundamental generar acciones tendientes al fomento de la educación vial que genere conciencia ciudadana y comportamientos encaminados a una movilidad segura, lo que debe incluir informar sobre los límites de velocidad, paradas del trasporte público y mejoramiento de vialidades, entre otras medidas de prevención y ordenamiento de la movilidad urbana de Morelia y las ciudades urbanas del estado, explicó Wilfrido Lázaro.
La decisión del pleno de la LXXIII Legislatura de echar abajo las fotomultas en Morelia privilegió la seguridad jurídica de los ciudadanos y ahora con la determinación del juez octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México al declarar la inconstitucionalidad confirma el actuar responsable del congreso del estado en beneficio de los michoacanos, concluyó el diputado.