Morelia, Michoacán (Boletín).- Por resolución de la máxima instancia judicial en México, el presupuesto directo es un derecho que no se puede negar a los pueblos indígenas, sentenció Orlando Aragón Andrade, fundador del Colectivo Emancipaciones.

Los legisladores de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Osiel Equihua Equihua, representante del distrito de Paracho, se reunieron con Orlando Aragón para analizar las experiencias y retos que plantea a la administración pública el presupuesto directo, toda vez que este doctor en ciencias antropológicas ha impulsado los procesos que permitieron a Pichataro, San Felipe de Los Herreros, Arantepakua y Santa Fe de la Laguna obtener la asignación directa de recursos públicos.

Orlando Aragón puntualizó que el presupuesto directo es un derecho ganado por las comunidades indígenas en tribunales, más no reconocido en la legislación, es así que las leyes se han visto rebasadas por el desafío que les plantea este ejercicio de democracia participativa en los pueblos originarios. En este sentido, coincidió en que las iniciativas de reforma a las leyes Orgánica Municipal, y de Mecanismos de Participación Ciudadana que impulsa Ramírez Bedolla pueden ser una coyuntura propicia para dar certeza jurídica sobre esta nueva forma de ejercicio presupuestal tanto a las comunidades como a los Ayuntamientos.

Ramírez Bedolla y Osiel Equihua señalaron que la falta de marcos legales para dar claridad al proceso administrativo de asignación y ejecución del presupuesto directo, así como a la rendición de cuentas, puede derivar en un problema de gobernabilidad, ya que va en aumento el número de comunidades indígenas que solicitan ejercer sus propios recursos.

Los legisladores y el colectivo emancipaciones acordaron trabajar en conjunto para realizar un foro en el que participen presidentes municipales y autoridades comunales que ejercen presupuesto directo, así como diputados y autoridades del Instituto Electoral de Michoacán, con el propósito de recoger las experiencias que ayuden a perfilar una legislación en la materia, y detectar los retos a los que el marco legal debe responder.

PO