Muy pronto, México contará con un Poder Judicial que emana directamente de la voluntad popular; así fue establecido en la Constitución federal y en las locales y, como tal, sucedió el primero de junio pasado, cuando las y los electores eligieron ministros, magistrados y jueces por primera vez en nuestra historia nacional, gracias a esta reconfiguración que es en sí misma una reforma de Estado por tratarse de uno de los poderes.

Pero la reforma judicial no solo implica la elección de personas juzgadoras; también lleva aparejada mayor transparencia, eficiencia, objetividad, legitimidad y, sobre todo, autonomía con respecto a los otros dos poderes estatales e incluso de fuerzas fácticas, porque se pone por delante el interés de los justiciables y de la ciudadanía, lo que obliga a resolver con la Constitución y la ley en la mano, en la conciencia y en el espíritu.

En septiembre próximo comienza una nueva etapa, una que no se puede dejar pasar porque es una oportunidad para mejorar la impartición de justicia en México y acabar con las costumbres que mermaban la operación jurisdiccional; un tiempo para que el nuevo Poder Judicial responda a las exigencias actuales y coadyuve en la construcción de la paz social por medio de la acción de la justicia.

Así podremos disminuir considerablemente los índices de impunidad y eliminar la corrupción, siempre bajo la premisa inalienable de colaboración y no subordinación con los otros poderes.

Sí, por supuesto que se vale hacer política en el Poder Judicial, pero solamente como vía para el diálogo entre poderes, órganos autónomos y sociedad civil, en el marco institucional y de coordinación tan necesaria para fortalecer las capacidades de todas las partes; el silencio o la confrontación solo merman la institucionalidad y funcionalidad de los procesos encaminados a la construcción del Estado de derecho.

La autonomía forma parte del equilibrio entre los poderes; es garante de la justicia, del Estado democrático y, por consecuencia, de la protección a la Constitución. Su salvaguarda es fundamental, no puede ponerse siquiera en entredicho y corresponderá precisamente a las y los ministros, magistrados y jueces protegerla. Así se verá reflejado en cada acuerdo y cada sentencia.

rmr