El 22 de agosto de 1996, durante la administración del presidente de la nación, Ernesto Zedillo Ponce de León, se adicionó un párrafo a la fracción II del artículo 105 constitucional, que establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Cualquier reforma en materia electoral que la actual administración federal quiera aplicar en el proceso electoral del 6 de junio de 2027 deberá ser publicada a más tardar el 7 de marzo de 2027, atendiendo a la disposición anteriormente señalada, lo que implica que el constituyente reformador cuenta aproximadamente con 19 meses para legislar al respecto.
Las prisas de la actual administración federal para reformar ahora el actual sistema electoral son más que evidentes. El pasado lunes 4 de agosto por la tarde fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con una entrada en vigor a partir del día siguiente al de su publicación y hasta el 30 de septiembre de 2030; mientras que la noche del pasado viernes 8 de agosto se publicó en dicho medio de comunicación oficial el acuerdo por el que se delegan facultades en la persona titular de la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La delegación de atribuciones se realiza por parte de la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de presidenta (sic) de la citada comisión, en favor de la persona titular de la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, esto es, el sempiterno político Pablo Gómez Álvarez, militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido de la Revolución Democrática y del hoy partido oficialista en el poder.
Pablo Gómez Álvarez fue precandidato a jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México en el año 2000, perdiendo frente a Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de no ser elegible al no tener residencia en el entonces Distrito Federal, pero a la postre nadie impugnaría la candidatura, ni él mismo. Estuvo involucrado en el movimiento estudiantil de 1968, fue preso político y organizador del movimiento del 10 de junio en 1971; en sus manos estamos. @lvarezbanderas
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