Los derechos humanos de corte social implican la mayor responsabilidad del Estado frente a las personas, pero también representan una de las mayores cargas económicas para garantizar su acceso y disfrute, comprometiendo al gobierno a una administración responsable del presupuesto estatal. No se trata de caracterizar a un gobierno como populista o no, ya que el cumplimiento de esta disposición tiene fundamento legal tanto a nivel internacional como nacional.

Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece en su artículo 22:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Esto obliga a cada Estado miembro —y México lo es— a garantizar la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en concordancia con la DUDH, señala que para lograr la plena realización de los DESCA, y que el ser humano sea “libre, exento del temor y de la miseria”, deben crearse las condiciones necesarias para que esto sea posible.

El Pacto de San José, suscrito por México, en su artículo 26 obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a observar, en sus políticas públicas, la vía adecuada para garantizar de manera amplia y progresiva “la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.

Desde luego, ese compromiso está supeditado a los recursos económicos disponibles; de ahí la importancia de una administración pública responsable, con presupuestos formulados y ejecutados con una visión centrada en el bienestar social y, sobre todo, aplicando acciones que garanticen un trabajo honesto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue una de las primeras a nivel mundial en reconocer los derechos sociales desde 1917. De forma progresiva, ha ido incorporando aquellos que las circunstancias socioeconómicas y ambientales han demandado, como puede observarse en su articulado, especialmente en el artículo 4º, donde se enuncia el catálogo más amplio de estos derechos.

Los derechos humanos son interdependientes, y el cumplimiento de unos conlleva el cumplimiento de otros. De igual forma, la omisión de uno puede tener un impacto negativo en los demás. Esto se puede observar, por ejemplo, al hablar del derecho a la educación en Michoacán, un derecho humano fundamental para la niñez, que durante mucho tiempo se vio afectado por la suspensión de clases, bajo la justificación del magisterio de luchar por la satisfacción de sus derechos laborales y salariales.

Este tipo de situaciones también se refleja en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuando el gobierno estatal asigna presupuesto para cumplir con la obligación de pagar salarios al personal académico: se garantiza el derecho al trabajo y a la retribución salarial, lo cual tiene un efecto directo en la garantía del derecho humano a la educación.

Si bien aún existen y persisten demandas en cuanto al cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, la percepción social —y también desde la academia— apunta a la búsqueda de soluciones. De ello nos ocuparemos en el siguiente espacio, si el lector nos lo permite.

rmr