Esta semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena por presuntamente haber colaborado con el Cártel de Sinaloa. Hasta que la presión local e internacional se hizo insostenible, fue que pidió licencia.

En Sinaloa, un gobernador morenista llegó al poder en un proceso electoral manchado por la intervención documentada del crimen organizado. Desde Palacio Nacional lo respaldaron públicamente ante las acusaciones. Igualmente, el aparato de seguridad estatal fue neutralizado o cooptado.

Así también, la violencia recrudeció mientras el gobierno presumía éxitos estadísticos. Se supo que varios funcionarios del entorno inmediato del gobernador resultaron ligados a organizaciones criminales. Por fin, Sinaloa ya recibió su expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

No olvidemos que, Mario Zamora Gastelum, diputado federal y excandidato a la gubernatura de Sinaloa por el PRI en 2021, denunció amenazas, levantones, robo de urnas e intimidación contra candidatos y operadores de la alianza PAN-PRI-PRD.

Las denuncias guardan sorprendente similitud con los atropellos perpetrados en la elección extraordinaria de Irimbo, Michoacán, del 8 de diciembre de 2024,  los cuales denuncié en tiempo y forma, tanto ante la opinión pública como ante las instancias correspondientes. Hoy, el tiempo le dio la razón a ambos.

Con visión nacional, el Partido Revolucionario Institucional desde su fundación en 1929, como bien lo dice nuestro lema, ha sido defensor de la democracia y la justicia social. Es por eso que nos proclamamos en contra de la violencia e iniciaremos la lucha para visibilizar a las y los políticos que a costa de pactar y de sembrar terror en la población pretenden o han obtenido cargos de poder.

La lucha contra el terrorismo político será en todos los rincones de nuestra nación será expuesta a los ojos de México y del mundo entero. Por eso, obviamente, aquí en el PRI no vamos a cerrar el expediente ni a dar la vuelta a la página.

La verdadera lucha apenas está comenzando. Por ello, cada ocasión que suceda y se repita cualquier acto de terrorismo electoral, ya sea previamente o el día de la jornada electoral acudiremos a las instancias legales necesarias, a los órganos internacionales necesarios para denunciarlo, porque  no solamente vamos a impugnar una elección, sino que vamos a evidenciar el terrorismo político que acontezca en 2027, como en su momento visibilamos lo que se ha vivido en municipios donde quien gobierna no es el pueblo a través de un representante popular, son narco narcoterroristas políticos. Al respecto, hay que decirlo con contundencia: el caso de Sinaloa, al igual que el de Irimbo, son apenas dos puntas de ambos icébergs.

En ese tenor, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una decisión que definirá el legado de su gobierno: seguir argumentando que la soberanía nacional consiste en proteger a sus compañeros de partido de las consecuencias de sus actos o demostrar que nadie está por encima de la ley, con independencia del color del partido.

No olvidamos que, el pasado 1° de mayo se cumplieron seis meses del magnicidio de Carlos Manzo. No nos cansaremos de exigir el esclarecimiento total del caso, hasta que haya justicia y los autores intelectuales paguen con cárcel sus hechos. Es preferible que se investigue localmente,  antes de que Washington tenga que enviar un expediente de 50 páginas para recordarle al Estado mexicano en qué consiste gobernar.

Los mexicanos merecen presidentes municipales, ambientalistas y activistas sociales vivos. Merecen productores agrícolas libres de extorsión.  Merece jóvenes con un futuro que no pase por las filas del crimen organizado.

Y, el pueblo de México merece, sobre todo, saber que la duda razonable, la que el gobierno cultiva con tanto esmero para proteger a sus funcionarios también incluye la duda razonable que los ciudadanos tenemos respecto a la lealtad de quienes dicen gobernarnos.

La historia de Sinaloa ya se modificó, Ruben Rocha Moya ya cayó. La del resto de México todavía puede tomar otro camino, pero ese camino exige valentía institucional y compromiso ciudadano: ambos ahora, mientras la oportunidad todavía existe.

La historia de las narcoelecciones en exige por sí misma justicia. Y, como lo dije hace años y lo sigo sosteniendo: nuestra lucha por exhibir a los narcopolíticos es permanente y así continuará.

Por lo anterior, en una próxima entrega, hablaremos con toda la fuerza que la documentación disponible otorga, que la intervención del crimen organizado en las elecciones michoacanas de 2021 fue un hecho reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, en su resolución sobre el expediente SUP-JRC-166/2021, anuló casillas en cuatro municipios.

¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!

Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy

*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente del PRI en Michoacán

SHA