En los últimos años hemos sido testigos de una transformación alarmante que amenaza con sepultar para siempre la identidad productiva, agrícola, cultural y próspera de nuestro estado. La llegada masiva de mercenarios colombianos, exmilitares y exguerrilleros convertidos en sicarios al servicio de los cárteles mexicanos representa un punto de inflexión que las autoridades han ignorado sistemáticamente, pese a los múltiples llamados que hemos realizado muchas voces.
La situación actual trasciende la violencia local que ya conocíamos. Los recientes acontecimientos en Los Reyes, donde al menos once ciudadanos colombianos fueron detenidos, vinculados al ataque con una mina terrestre contra militares mexicanos, confirman lo que veníamos denunciando: estamos ante una internacionalización sin precedentes de la violencia en nuestro territorio.
Los cárteles mexicanos han encontrado en los excombatientes colombianos una fuente inagotable de conocimiento militar especializado, transformando la naturaleza misma del conflicto en nuestro estado.
Esta migración delincuencial genera consecuencias devastadoras que comprometen el futuro de Michoacán, como el escalamiento de la violencia, ya que los mercenarios entrenan a sicarios mexicanos en tácticas militares avanzadas, que incluyen el uso de rifles de francotirador y explosivos improvisados, elevando dramáticamente la letalidad de los enfrentamientos. La experiencia militar de estos mercenarios introduce métodos de guerra irregular que superan las capacidades tradicionales de respuesta de las fuerzas de seguridad locales, así como también fortalece el control territorial de los cárteles, limitando la autoridad del Estado en amplias regiones michoacanas.
Con ello, destruyen el tejido social, ya que las comunidades viven en constante zozobra ante la presencia de elementos armados con entrenamiento militar profesional, generando desplazamientos forzados y desintegración comunitaria. Así, la agricultura, el turismo y la industria manufacturera sufren las consecuencias de un ambiente de inseguridad extrema que ahuyenta inversiones y oportunidades de desarrollo.
La crisis de gobernabilidad está sobre la mesa, porque la capacidad del Estado para mantener el orden público se ve rebasada por organizaciones criminales que operan con tácticas de guerra convencional, mientras la sofisticación de estos grupos criminales multiplica las violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.
Durante años hemos alzado la voz desde Revolución Social, organización de la sociedad civil fundada para proteger a las víctimas de delitos, sumando a otras voces como organizaciones civiles, académicas y de derechos humanos, advirtiendo sobre esta creciente amenaza. Hemos documentado, analizado y presentado evidencias ante autoridades federales y estatales sobre la presencia de estos elementos extranjeros en territorio michoacano. Sin embargo, nuestros llamados han caído en oídos sordos, mientras la situación se deterioraba hasta alcanzar el punto crítico actual.
La respuesta ha sido siempre la misma: negación, minimización o, en el mejor de los casos, promesas vacías que nunca se materializan en acciones concretas. Mientras tanto, las familias michoacanas pagan con sangre y lágrimas el costo de esta negligencia institucional.
Ante esta crisis sin precedentes, exigimos a las autoridades federales y estatales establecer un grupo de trabajo conjunto México-Colombia para el intercambio de inteligencia y la identificación de mercenarios que operan en territorio mexicano; desplegar unidades de élite del Ejército Mexicano especializadas en combate contra fuerzas irregulares en las zonas de mayor conflicto, y que actúen particularmente con tecnología de punta para monitorear sus movimientos, así como para realizar detección e inutilización de las minas personales que están sembradas en los caminos y parcelas michoacanas. También debe haber un control especial en aeropuertos y fronteras para detectar el ingreso de exmilitares y exguerrilleros colombianos, así como se deben congelar los recursos económicos utilizados para el pago de estos mercenarios, cortando las redes de financiamiento.
En cuanto a las víctimas, debe haber un programa integral de protección para los desplazados forzados de esta ola delincuencial; se deben crear refugios temporales y rutas de protección para comunidades amenazadas por estos grupos especializados, así como capacitar a ministerios públicos y jueces en el procesamiento de delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales, y establecer mecanismos transparentes de evaluación y seguimiento de las acciones gubernamentales, con participación ciudadana efectiva.
Michoacán se encuentra en una encrucijada histórica. Podemos permitir que la internacionalización de la violencia termine de destruir nuestro tejido social o podemos exigir que las autoridades asuman su responsabilidad constitucional de garantizar la paz y la seguridad.
Como activista comprometido con la causa de la paz y los derechos humanos, reitero mi llamado urgente: no podemos seguir esperando. Cada día que pasa sin acciones concretas es un día más de sufrimiento para nuestras familias. La dignidad de Michoacán y el futuro de nuestros hijos están en juego.
El tiempo de las excusas se agotó. Es hora de que las autoridades respondan con la contundencia que esta crisis demanda, antes de que sea demasiado tarde para recuperar la paz en nuestra querida tierra michoacana.
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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.
rmr