Este 2025, observamos la escalada de violencia entre Israel e Irán que ha dejado cientos de muertos, desplazamientos masivos, ataques a población civil y una crisis humanitaria.

Mientras las cámaras apuntan al Medio Oriente, en México —particularmente en Michoacán— vivimos una guerra no declarada en las calles, en las comunidades, en las carreteras y en las plazas públicas. Aunque los contextos geopolíticos sean distintos, las similitudes son alarmantes.

No se trata de una exageración. Basta con comparar el número de asesinatos en zonas como Tierra Caliente o el oriente michoacano con las cifras de muertos en Medio Oriente.

Durante este 2025, al 18 de junio, se reportaban 639 muertos en la guerra del Medio Oriente y 669 asesinatos en Michoacán. Esta es la primera y más cruda similitud: la cantidad de muertos. La violencia es estructural, cotidiana y sistemática.

Otra semejanza es la actitud autoritaria y opaca de los gobiernos involucrados. Tanto en Irán como en ciertas esferas del poder en Michoacán, se emplea la fuerza del Estado para silenciar críticas, minimizar la tragedia y revictimizar a la ciudadanía.

El subregistro de víctimas es una estrategia compartida. En Michoacán, muchas muertes ni siquiera se contabilizan oficialmente. Hemos demostrado que al menos no se han contabilizado 50 asesinatos en Michoacán por parte de la Fiscalía local, mientras que Irán reporta apenas 240 muertos.

En ambos casos, la población civil es la más afectada: desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de jóvenes, desapariciones y ataques contra periodistas. Hay una clara violación a los derechos humanos que debería ser documentada y sancionada por instancias nacionales e internacionales.

Asimismo, existe imprudencia en la política exterior, aunque de manera distinta. Irán enfrenta sanciones internacionales por sus acciones, mientras que el Gobierno de México ha sido tibio y contradictorio en su política hacia grupos armados internos, oscilando entre la negación de su existencia o su aparente contención con estrategias ambiguas, como los abrazos y no balazos, que han demostrado su fracaso. Los reproches y aranceles son consecuencia manifiesta.

Otro paralelismo es la impunidad. Tanto en Irán como en Michoacán, los perpetradores de crímenes rara vez enfrentan consecuencias. Ya sea porque están coludidos con el aparato estatal mediante redes de corrupción o porque el miedo paraliza a las instituciones. El mensaje es el mismo: matar, desaparecer o desplazar no tiene costo.

A esto se suma la presencia de liderazgos tóxicos, que actúan más como jefes de facción que como estadistas. Gobernantes que se aíslan de la realidad o que priorizan su imagen antes que luchar por el bienestar de sus pueblos. El liderazgo destructivo no solo fracasa en contener la violencia, sino que la alimenta al desentenderse de sus causas estructurales.

Así también, hay equiparaciones con el armamento ilegal, rutas de tráfico y financiamiento a través del crimen organizado. Michoacán también está infiltrado por organizaciones delictivas trasnacionales, que operan incluso en Morelia, con presencia de células extranjeras, principalmente colombianas y venezolanas.

Finalmente, otra similitud evidente es la desesperanza. Así como muchas comunidades iraníes ya no confían en sus gobiernos para garantizar la paz, en Michoacán se ha normalizado la resignación: vivir con miedo, callar por seguridad y no esperar justicia.

En este panorama, el papel de los liderazgos municipales cobra una importancia vital. Es en el territorio local donde la violencia se manifiesta con mayor crudeza, pero también donde existen oportunidades concretas para actuar. Por eso es útil contrastar las acciones recientes de tres municipios clave: Zitácuaro, Uruapan y Morelia.

Zitácuaro, a pesar de ser el único municipio del estado que cuenta con el número recomendado de policías por habitante según estándares internacionales, se encuentra en el borde del colapso institucional. El responsable de la seguridad municipal ha declarado estar rebasado y se ha replegado, literalmente, a grabar videos desde la seguridad de su casa en lugar de encabezar operativos. En Zitácuaro reina la zozobra, y las autoridades han perdido el control. Esta situación desnuda una verdad dolorosa: el número de policías no garantiza capacidad operativa si el presidente municipal es incapaz de combatir a la delincuencia.

Uruapan, por su parte, ha adoptado una postura más proactiva. Se han reforzado patrullajes, se ha coordinado con fuerzas estatales y federales, y se ha intentado recuperar espacios públicos. Uruapan resiste, bajo el liderazgo de Carlos Manzo, quien hace esfuerzos por consolidar una política integral de seguridad.

Morelia se encuentra atrapado por la inacción, mientras colonias y comunidades están bajo control del crimen organizado, particularmente en la zona sur. El gobierno municipal ha optado por minimizar la gravedad del problema o negarlo, mientras los cárteles amplían su influencia, incluso con presencia de grupos extranjeros. La falta de estrategia real, de voluntad política y de empatía con las víctimas convierte a Morelia en un epicentro del cinismo institucional, que privilegia la imagen pública sobre la protección efectiva de su población.

La diferencia entre un municipio en resistencia y uno en caída libre no está únicamente en su presupuesto o en el número de policías: parte de su estilo de liderazgo. Cuando un presidente municipal decide no enfrentar el problema, no respaldar a sus policías, o incluso protegerse a sí mismo, lo que hace es abandonar a su pueblo. En cambio, los líderes que, aun en condiciones adversas, buscan soluciones, escuchan a su comunidad y construyen alianzas reales, ofrecen esperanza.

Michoacán no puede seguir siendo una réplica mexicana de un país en guerra. Pero mientras no se transformen los liderazgos —desde el municipio hasta la federación— en pro de la paz, la verdad, la justicia y la dignidad humana, seguiremos viendo nuestros huertos minados, nuestras carreteras como campos de batalla, y nuestras ciudades como zonas de guerra.

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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.

rmr