De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI en el año 2024, la ocupación de personas dedicadas a la abogacía en nuestro país asciende a 442 mil, siendo estos más hombres que mujeres, ambos con un porcentaje con estudios de posgrado, y con una edad promedio general de 40 años.
En esa cantidad de profesionales del derecho entran trabajadores remunerados, asalariados, empleadores y quienes trabajamos de manera independiente, los cuales somos menos del 30% de ese universo.
El término abogado proviene del latín advocatus, “llamado en auxilio”, refiriéndose así a la persona que es llamada para auxiliar o acudir en defensa en asuntos legales. En la época prehispánica, en nuestro país se nos refería como tepantlato.
En el México independiente, en los años mil ochocientos, para dedicarse a la abogacía primero tendrías que haber cursado cinco años de licenciatura, obtener el título, y otros cinco años prestar tus servicios como pasante (practicante) en el despacho de un abogado reconocido. Hoy puedes terminar la misma licenciatura en tan solo tres años.
Lo curioso es que dejó de ser un requisito formal, ético y profesional realizar una práctica profesional como pasante para ser considerado formalmente como un abogado ante la sociedad. Ahora cualquier persona que cuente con un título de licenciado en Derecho puede ejercer la profesión de la abogacía, pero eso sí, no cualquiera dará buenos resultados.
Los tiempos van cambiando, y si bien cada día hay más estudiantes de la licenciatura en Derecho, hay menos pasantes, y en consecuencia, habrá menos abogados el día de mañana. Formalmente, hay una crisis de pasantes: no se ven de manera constante en los tribunales, sólo ocasionalmente, y abandonan el aprendizaje.
Estimado lector, ¿usted le confiaría su libertad y su patrimonio a un abogado sin previa práctica profesional?
Usted ya tiene el veredicto.
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